El fiscal del caso de la red de ilegales de Girona denuncia la falta de normativa
Tanto el fiscal como la acusación particular, que representa a los cuatro supervivientes del accidente de camión que el 16 de marzo costó 12 víctimas mortales en Campmany (Girona) y destapó la existencia de redes de transporte clandestino de inmigrantes, insistieron ayer en las graves insuficiencias legales que dificultan la persecución efectiva del este delito.Carles Ganzenmuler, fiscal jefe de la Audiencia de Girona, aseguró que la persecución penal sólo consigue llegar a la punta del iceberg del tráfico de inmigrantes. Al igual que el acusador particular, el fiscal pidió 3 años de cárcel para Lakbir Aitsaláh, uno de los dos acusados que se sentaron en el banquillo del juzgado número 2 de Girona.
La defensa de Aitsaláh negó su participación en los hechos, aunque insistió en demostrar que la jurisprudencia referida al tráfico ilegal de mano de obra no podía aplicarse al "traslado de ciudadanos con su conformidad".
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