PSC e IC-EV acusan a Pujals de romper el pacto de la ley del catalán.

Joaquim Nadal (PSC) y Jordi Guillot (Iniciativa per Catalunya-Els Verds) acusaron ayer al consejero de Cultura del Gobierno catalán, Joan Maria Pujals, de romper el pacto que hizo posible la Ley de Política Lingüística. El departamento de Pujals está elaborando cinco decretos que desarrollan esta ley y, en contra de lo pactado, lo ha hecho sin consultar con los partidos que la apoyaron en el Parlament. El portavoz de CiU en el Parlament, Ramon Camp, les tranquilizó y aseguró que serán consultados.

Los cinco decretos que prepara Cultura desarrollan las previsiones de la Ley de Política Lingüística relativas a la presencia del idioma catalán en el cine y la radio, la corrección de la grafía de los apellidos catalanes, los documentos notariales y la acreditación del conocimiento del catalán para ejercer la función pública en todas las administraciones en Cataluña. A los grupos parlamentarios del PSC y de IC-EV les ha dolido sobremanera enterarse por la prensa de que Cultura está preparando estos decretos y negociando con los sectores afectados. Trataron ayer de esta cuestión y, después de hacerlo, Nadal y Guillot anunciaron que pedirán de inmediato una explicación al Gobierno catalán por lo que consideran una ruptura de los acuerdos alcanzados durante el debate parlamentario del proyecto. "Incumplen su compromiso, y si no nos consultan el desarrollo legislativo de esta ley, consideraremos roto el consenso", afirmó Nadal. Eso tendría como consecuencia, advirtió, que el partido socialista "se sentiría libre para rechazar los decretos y recurrirlos" si lo considera oportuno. Guillot destacó por su parte que es precisamente en la elaboración de los reglamentos que han de desarrollar la ley del catalán "donde hay que encontrar el punto de equilibrio" que quiere su grupo. El portavoz de IC-Els Verds sostuvo que el Gobierno de CiU "no tiene autoridad moral ni política" para llevar a cabo este desarrollo por su cuenta, sin contar con el bloque parlamentario que aprobó la ley. Reconoció que el Gobierno tiene la facultad legal de dictar los reglamentos, pero aseguró que en este caso no basta con ella. La reacción de los socialistas y de IC-EV mereció para Josep Curto, portavoz del grupo del PP, el calificativo de "espectáculo del desmoronamiento" del bloque que aprobó la ley. En particular, acusó al partido socialista de estar "especializado en este tipo de contradicciones". En cambio, al diputado de Esquerra Republicana Josep Huguet le pareció de perlas que el Gobierno catalán haya iniciado el desarrollo parlamentario recogiendo, dijo, "las propuestas que nosotros hemos hecho por lo menos en algunos de los ámbitos que abordan". Tanto el portavoz parlamentario de CiU, Ramon Camp, como el Departamento de Cultura se apresuraron a dejar claro que los temores del PSC e IC-Els Verds son infundados. "El Gobierno tiene la voluntad de desarrollar la ley y de hacerlo gradualmente, de forma concertada y dialogada con los sectores sociales y políticos", afirmó Camp. Añadió que el PSC e IC-Els Verds "se han precipitado" al inquietarse por esta cuestión. "Que no se preocupen, porque se les tendrá en cuenta", agregó. En parecidos términos se expresó también un portavoz del Departamento de Cultura. Respecto al cine, la ley dice que las empresas distribuidoras pondrán a disposición de las exhibidoras una copia en catalán de cada película por cada copia en castellano. Pero Cultura está dispuesta a que esta obligación rija sólo para las películas más taquilleras. Lo que se negocia es el mínimo de copias a partir del cual será obligatorio ofrecer las películas dobladas en catalán. En la radio, el Gobierno pretende llegar a acuerdos con las emisoras para que emitan canciones en catalán. Sobre la corrección voluntaria de la grafía de los apellidos catalanes, se trata de que baste con el cambio en el Registro Civil. Y respecto al conocimiento del catalán para acceder a la función pública, se plantea unificar la exigencia en el nivel C.