PSPV y NE encargan un informe jurídico sobre la adjudicación del proyecto del aeropuerto de Castellón

Los portavoces de los grupos de la oposición (PSPV y Nova Esquerra) en la Diputación de Castellón anunciaron ayer su intención de encargar un estudio jurídico para aclarar la legalidad de la adjudicación para la redacción del proyecto del aeropuerto. La empresa a la que se ha contratado para este proyecto es una UTE formada por IV Ingenieros Consultores, SA, e Ingeniería de Castellón, SL (Indecas), que redactó el estudio de localización de emplazamientos y el informe de viabilidad. Además, el administrador único de Indecas, Rafael Llopis, es el marido de la diputada nacional del PP por Castellón Carmen Pardo. El portavoz del grupo socialista, Ximo Puig, quien ya manifestó sus "dudas legales" acerca de la contratación, indicó ayer: "Vamos a estudiar bien el expediente y exigiremos que se nos den explicaciones, porque aquí hay responsabilidades políticas". Puig admitió que la Ley de Contratos del Estado no prohíbe taxativamente que una empresa realice el estudio de viabilidad y luego el proyecto, pero fue tajante al señalar que el espíritu de la norma "es claro e indica que si alguna empresa ha participado en estudios previos tiene ventaja". Para Puig, la ley procura que se dé una transparencia absoluta en el proceso y una total igualdad de oportunidades y "en este caso, la adjudicataria partía con una ventaja", aseveró. Puig añadió "cuando se abren concursos para adjudicaciones de la Diputación hay muchas empresas que ya saben a quienes se va a contratar". Por su parte, el portavoz de Nova Esquerra, Jesús Gil, manifestó que "está claro que en ese expediente algo está fallando y que la igualdad de condiciones ha de darse para asegurar que no ha habido ninguna empresa favorecida, porque 170 millones [para la redacción del proyecto], son muchos millones". Gil añadió que estudiará tanto la adjudicación como la baremación. Al parecer, las 10 empresas que concursaron y obtuvieron una puntuación más baja que la vencedora todavía no han recibido la información oficial de la adjudicación, pese a que ésta ya ha sido aprobada por la Diputación.