El juzgado reclama un aluvión de pruebas para aclarar si hubo estafa en la subasta del estadio de Los Cármenes

El juzgado que investiga si hubo fraude en la subasta del viejo estadio de Los Cármenes ha solicitado un aluvión de pruebas al Granada, Registro Mercantil y a diferentes notarios de la ciudad como primera medida tras acumular en la instrucción tres querellas en las que ex directivos se cruzan acusaciones de estafa. Entre la documentación solicitada para el caso Los Cármenes se pide el envío de las bases de la subasta de los terrenos del campo de fútbol, situados en una céntrica zona de la ciudad, y se reclama la identidad del redactor del concurso que, según el ex presidente rojiblanco, Alfonso Suárez, habría estado amañado. El inicio de las indagaciones del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada coincide con el acuerdo entre comprador, la constructora Lazasur, y el club de fútbol de la ciudad para iniciar contactos con el Ayuntamiento y aumentar el volumen de edificación, lo que le permitiría a la entidad deportiva conseguir unos nuevos ingresos de 800 millones de pesetas, según cálculos de la actual junta gestora. El Granada celebró anoche una asamblea en la que, entre otros asuntos, se debatió el destino de este futurible dinero. La investigación judicial, que intenta aclarar si la subasta fue limpia, pone en entredicho esta operación. Entre la cascada de documentación que el juzgado reclama se pide al Registro Mercantil la escritura de constitución como agrupación de intereses económicos de promociones Lazasur, la empresa compradora. Además, se han unido a las actuaciones la certificación de la identidad de los representantes legales de las empresas que acudieron a la subasta (todos ligados a la compradora); actas de las asambleas del Granada, en las que se trató el asunto del viejo estadio, y los contratos de arrendamiento para aparcamiento del campo. Incluso, el juzgado ha reclamado al Granada que le envíe la dirección de los socios del equipo de fútbol que denunciaron lo que, a su juicio, era una irregularidad y podía constituir una malversación de caudales, no destinar lo obtenido en la operación, 200 millones de pesetas, al fin determinado: la compra de unos terrenos para la construcción de unas instalaciones deportivas. Lazasur entregó este dinero al club y se hizo cargo de todas las deudas del Granada, que, según el asesor jurídico y presidente de la entidad en aquel entonces, Luis Rivas, ascendían a más de 2.000 millones de pesetas. También pide el juzgado que se acrediten los honorarios que cobró por la gestión de venta el citado Rivas y una certificación que aclare si se ha cumplido el acuerdo de destinar el dinero de la venta a la compra de unas parcelas para una ciudad deportiva.