El Consell niega al PSPV la copia del contrato con la empresa que hizo el estudio para el 112

El Grupo Socialista de las Cortes Valencianas pedirá hoy amparo al presidente del Parlamento para forzar al Consell a poner a su disposición toda la información en torno al concurso convocado para la puesta en marcha del sistema de emergencias basado en el número único 112, adjudicado a Telefónica por 3.806 millones. La decisión se debe a que el Consell no ha facilitado a los socialistas una copia del contrato firmado con la empresa que elaboró el estudio de viabilidad previo. El Consell ha contestado de forma incompleta las preguntas parlamentarias del PSPV. Además, los socialistas, que consideran "irregular" la adjudicación, pedirán la creación de una comisión de investigación.

La diputada autonómica socialista María Antonia Armengol recibió ayer la contestación a las preguntas en torno al concurso del 112 que formuló a principios de marzo. Pero no ha quedado satisfecha con las respuestas firmadas por el consejero de Presidencia, José Joaquín Ripoll, según explicó ayer. Armengol pidió una copia del contrato de la Generalitat con la empresa Idus de Comunicación, SA (Idec), para la confección del estudio de viabilidad para la implantación del nuevo sistema de emergencias. Y Ripoll le contesta que "dicho estudio ha sido consecuencia de la decisión adoptada por el Consejo de de la Unión Europea el 29 de julio de 1991", argumenta que ésta "permitía que las comunidades autónomas regulasen los centros de recepción y atención de los servicios públicos de las llamadas de emergencia" y concluye: "Por todo ello, la Consejería de Presidencia encargó el correspondiente estudio de viabilidad a la empresa Idus de Comunicación, cuyo importa total ha sido de 8.120.000 pts". Pero no adjunta la copia del contrato. La respuesta a la pregunta en la que Armengol pedía copia de la factura que el Consell pagó a Idec por ese estudio es literalmente igual. Y tampoco remite la copia solicitada. Armengol cree que el contrato en cuestión "no existe". La diputada socialista se muestra indignada con las respuestas recibidas de Ripoll y hoy solicitará el amparo del presidente de las Cortes para forzar al Consell a proporcionar la documentación pedida. Porque, además, si las dos respuestas citadas son evasivas, la referida a la petición de copia de las ofertas presentadas al concurso es directamente la negativa. Ripoll justifica que no puede remitirle los proyectos porque "contienen datos sobre las propias empresas, cuya confidencialidad debe ser respetada por la Administración" y porque "son propiedad de las empresas participantes en el concurso". Lo único que ha conseguido Armengol es una copia del pliego de condiciones, porque la copia del estudio de viabilidad también le ha sido denegada, aunque en este caso el consejero, que justifica su decisión porque se trata de un documento "extenso y voluminoso", ofrece la posibilidad de consultarlo en la sede de la consejería. Respecto a la adjudicación del concurso la diputada socialista declaró que ha sido "irregular" y recordó que vulnera la ley de Contratos del Estado porque Idec, tras elaborar el estudio que sirvió para redactar el pliego de condiciones, ha concurrido junto con Telefónica. "El Grupo Socialista ya dijo que sería adjudicado a Telefónica, desde el principio se sabía que sería para esa empresa", señaló Armengol, quien anunció su intención de pedir en las Cortes la creación de una comisión de investigación sobre el proceso. "Apaño legal" Según la diputada del PSPV, el retraso en la adjudicación del concurso -resuelto la pasada semana, cuatro meses después de la apertura de plicas- se ha debido a que el Consell ha tenido que buscar un "apaño para que la adjudicación parezca legal". Armengol señala que "es la forma de actuar del Partido Popular, que se salta lo que haga falta cuando le interesa adjudicar algo a una empresa amiga", o que recurre a empresas intermedias para adjudicar algunos concursos con objeto de "impedir" que la oposición controle y fiscalice los procesos. Como consecuencia de todo ello, María Antonia Armengol asegura que "muchos amigos del Partido Popular se están haciendo ricos a costa del erario público". Mientras, el Consell aseguró ayer que la adjudicación del concurso ha sido legal.