Escasa preocupación española por la falta de control de la futura autoridad monetaria

La acentuación del déficit democrático de las instituciones europeas preocupa poco, aparentemente, a los parlamentarios y a las fuerzas políticas españolas. A diferencia de otros países de la UE, donde han surgido voces pidiendo un cierto control sobre la primera institución auténticamente federal -el Banco Central Europeo (BCE)-, al sur de los Pirineos nadie ha formulado tal revindicación. Cuando se les pregunta, algunos miembros de la Comisión mixta Congreso-Senado para la UE o de la subcomisión de seguimiento del proceso de integración económica y monetaria de la Cámara baja formulan algunas reflexiones, pero no forzosamente coincidentes.

Tal y como está diseñado el BCE, su Comité Ejecutivo sólo se someterá a finales de esta primavera a un voto consultivo del Parlamento Europeo y, a partir del año próximo, remitirá también a la Eurocámara un informe anual sobre su actividad.

Los diputados españoles dan la impresión de considerar que el BCE es un asunto demasiado serio para dejarlo exclusivamente en manos del Parlamento Europeo. Pedro Solbes, presidente de la Comisión mixta, reconoce, no obstante, que, en contra de lo que solicitan algunos homólogos suyos franceses, no se puede pedir al presidente del Banco que «peregrine» por los 11 parlamentos nacionales de los países de la zona euro para dar cuentas de su gestión.

Al ex ministro de Economía del último Gobierno socialista le gusta, en cambio, la idea de asociar en el control a «diputados nacionales y europeos» para que, juntos, supervisen el BCE siguiendo el modelo español de un par de comparecencias anuales.

Ramón Aguirre, portavoz popular en la Comisión de Economía del Congreso, considera que el verdadero control político no lo van a ejercer los representantes directos de la soberanía popular sino el Consejo de Ministros de Economía y Hacienda (Ecofin) de la UE.