Ruiz-Gallardón consulta al Consejo de Estado si es legal el pacto que firmó con los sindicatos

El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, firmó en julio de 1997 un "pacto histórico" con los sindicatos. Pero aún ignora si puede cumplirlo. Y los sindicatos han perdido la paciencia y sólo están dis puestos a esperar hasta el 4 de mayo, día para que el que se ha fijado una reunión de los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras con el presidente regional. El Gobierno madrileño ha decidido trasladar al Consejo de Estado un proyecto de acuerdo elaborado por el consejero Economía, Luis Blázquez, para saber sería legal premiar con mayor puntuan en los concursos públicos a las empres con más plantilla fija, tal y como se mó hace un año.

El diputado socialista Modesto Nolla preguntó hace un mes al consejero de Hacienda, Antonio Beteta, por el cumplimiento del acuerdo por la estabilidad en el empleo y destapó el problema. Beteta tiró de legislación y apuntó que tres directivas europeas y la propia Ley española de Contratos del Estado dificultaban premiar en los concursos públicos a aquellas empresas que tuvieran más contratados con carácter indefinido. Nolla sacó conclusiones de esta respuesta del máximo encargado de las arcas regionales: "Ruiz-Gallardón firmó un pacto con los sindicatos cuando no sabía si lo podía cumplir. Eso quiere decir que lo hizo exclusivamente para salir en la foto".

Blázquez, principal impulsor del acuerdo con los sindicatos, reconoció que existían dudas,jurídicas pero declaró a EL PAÍS que, por encima de las barreras legales, estaba el empleo fijo.

Los sindicatos rechazaron los argumentos de Beteta y defendieron la idea de que los concursos públicos pueden favorecer a las sociedades con más plantilla fija porque, indirectamente, se garantiza una calidad mayor de una obra cuando el trabajador que la ejecuta tiene experiencia y está contratado con carácter indefinido.

El consejero de Economía ya ha redactado el acuerdo para hacer realidad el pacto firmado por Ruiz-Gallardón con los representantes sindicales. Pero el Gobierno regional aún no ha dado su visto bueno.

El acuerdo redactado por Economía, de cumplimiento obligatorio para todas las consejerías, establece en su segundo punto: "Todas las ayudas y subvenciones públicas que conceda el Gobierno regional y las empresas y organismos dependientes de él priorizarán la creación de empleo estable como condición calificadora de mayor entidad entre los requisitos que en cada caso se recojan".

Hasta aquí, ningún problema. "Acabo de sacar una orden sobre subvenciones que recoge este aspecto", explicó el jueves Antonio Beteta a este periódico. El escollo se presenta en el tercer punto: "En la contratación de obras, servicios y suministros se establecerá como criterio preferente la creación de empleo estable en la obra o servicio contratado, valorando igualmente la estabilidad de la plantilla de la empresa concursante, de manera que se priorice a aquellas con un peso mayoritario de trabajadores con contrato indefinido".

La Consejería de Economía amplía esta cláusula con otro párrafo: "Se priorizará que la ejecución directa de la obra o servicio se realice con trabajadores de la plantilla de la empresa, siendo de carácter excepcional la realización de algunas tareas específicas por otros trabajadores, y siempre que se justifique la imposibilidad de realización, con medios propios".

Dudas de Beteta

Beteta expuso en el parlamento regional sus dudas sobre este aspecto y, en el último Consejo de Gobierno nadie fue capaz de resolver esas dudas. Al final, Ruiz-Gallardón y su equipo tomaron una decisión salomónica: enviar el texto redactado por la Consejería de Economía al Consejo de Estado, un organismo consultivo cuyo juicio ayudará a los dirigentes del PP a resolver esta cuestión. El resto del acuerdo por la estabilidad en el empleo, según el Gobierno regional, marcha bien. Los sindicatos no lo tienen tan claro: "El Ejecutivo regional está renunciando a vigilar que las sociedades con las que contrata determinados servicios u obras puedan subcontratar con empresas de trabajo temporal. Además, el acuerdo para eliminar horas extraordinarias en la administración regional tampoco se está ejecutando".

Otro punto del acuerdo era la convocatoria de un concurso para convertir en fijas las plazas ocupadas por interinos en la Administración regional, lo que se hará con la oferta de empleo público de este año.