Hacienda pone a los jueces un terminal para investigar insolvencias

Los insolventes ficticios, las personas que son condenadas y esconden o desvían sus patrimonios a terceros para eludir el pago de las multas judiciales y las indemnizaciones a las víctimas, lo tienen ahora más difícil. Los cuatro jueces de Madrid que se encargan en exclusiva de ejecutar sentencias sobre delitos menores -los más irritantes para el ciudadano- disponen desde hace dos meses de ordenadores conectados con Hacienda.

Estos cuatro magistrados ya no tienen que enviar a Hacienda sus exhortos por correo pidiendo información sobre el patrimonio de una persona que, contra todos los indicios, se declara insolvente para eludir indemnizar a la víctima o pagar la multa de la condena. Varios funcionarios de Hacienda se han trasladado a los juzgados, con ordenadores especiales, y se han puesto a disposición de los cuatro juzgados de ejecutorias creados en 1996 en Madrid. Su única misión es conseguir que se cumplan las sentencias que dictan los 23 juzgados de lo penal que hay en la plaza de Castilla (los que enjuician delitos con penas de hasta tres años). Antes de crearse estos juzgados, las deudas impagadas de los condenados (indemnizaciones a víctimas, multas...) se cifraban en "cientos de millones de pesetas", recuerda el magistrado Javier Martínez Lázaro, titular del Juzgado de Ejecutorias número 4 de Madrid. No hay estadística oficial, pero, tras dos años de funcionamiento, la cifra se ha reducido sensiblemente: "Al existir mayor control, estamos consiguiendo que muchos delincuentes paguen", destaca. "Una gestión de Manuela Carmena [anterior decana de los juzgados y en la actualidad vocal del Consejo General del Poder Judicial] con Hacienda ha permitido la instalación de este servicio", afirma Martínez Lázaro.

Estos juzgados, los primeros de su tipo que existen en España, se crearon porque los jueces de lo penal, desbordados entonces de trabajo y sin medios humanos y materiales, solían anteponer la celebración de los juicios a la ejecución de las sentencias, lo que dejaba a las víctimas en una cierta situación de indefensión. El agresor se escudaba en su insolvencia, unas veces real y otras muchas ficticia, para no pagar.

Ahora, y aunque los medios siguen siendo parcos, los cuatro jueces de ejecutorias disponen de 120 funcionarios a su cargo y de un servicio unificado para ejecutar las sentencias y un ordenador directamente conectado con Hacienda, que permite descubrir la evolución económica de una persona; por ejemplo, si ha traspasado a terceros sus pertenencias coincidiendo con la sentencia.

Aparte del ordenador, la nueva legislación penal ha puesto en manos de estos jueces otra arma eficaz: en determinados delitos, les faculta para suspender o suavizar la condena si el reo se compromete a resarcir a la víctima y a pagar, incluso de forma fraccionada, la multa que se le imponga. De tal forma que gente que antes se escudaba en insolvencias aparentes, ahora paga inmediatamente si con ello evita ir a la cárcel o cumplir arrestos.

Cárcel y sida

En enero de 1996, cuando nacieron estos cuatro juzgados, las estanterías de los 23 juzgados de lo penal de Madrid acumulaban 34.000 sentencias pendientes de ejecución; 10.000 eran causas con preso. Hoy, dos años después, la cifra de sentencias pendientes se ha reducido a 25.000, de las que 8.000 son con preso. El nuevo Código Penal permite al juez, si el delito es leve, acordar que un reo purgue su pena mediante trabajos de utilidad pública: borrar pintadas de paredes, limpiar parques... Esta medida, sin embargo, apenas se está aplicando, admite este juez. Uno de los motivos es que, de momento, no existe una infraestructura adecuada. Por ley, es la Administración penitenciaria la que, mediante convenios con organismos públicos, debe facilitarla, subraya Martínez Lázaro, que cuenta: "Hace unos días hablé de este asunto con el director de una prisión. Me comentó las dificultades de control que supone aplicarla: ¿quién controla y vigila que el reo haga el trabajo encomendado, qué trabajo le pones, está facultado para hacerlo?".

Además, los jueces de ejecutorias de Madrid se están topando con otras dificultades en su trabajo a la hora de tomar una decisión sobre el tipo de castigo y alternativas aplicables al reo de un delito. "Necesitaríamos un departamento, dotado con forenses, psicólogos y oficiales judiciales, que nos auxiliasen con vistas a decidir en que casos procede suspender la ejecución de una pena y las alternativas más factibles para su reinserción".

De momento, los jueces están suspendiendo la ejecución de las condenas a los delincuentes ya penados que se hallan gravemente enfermos; por ejemplo, con sida muy desarrollado. Unos 200 reos se han beneficiado de esta humanitaria medida desde que, en enero de 1996, se crearon los juzgados de ejecutorias. "Se les suspende la pena aunque sean reincidentes; eso sí, el beneficio desaparece inmediatamente si, una vez en libertad, vuelven a delinquir", señala Martínez Lázaro.