Los escolares de medio centenar de municipios valencianos estudian en aulas prefabricadas

Los padres de alumnos del Instituto José Segrelles de Albaida están cansados de denunciar el "desinterés de la Administración" por los "graves" problemas de infraestructura que padece el centro y molestos por la habilitación de tres "barracones" donde "se hacinan" sus hijos. Pero éste no es el único caso. Los escolares de 47 poblaciones valencianas estudian en 241 aulas prefabricadas habilitadas por Educación entre 1996 y 1998 para neutralizar el déficit de construcciones tanto en municipios pequeños, como en ciudades intermedias de entre 30.000 y 50.000 habitantes.

La Consejería de Educación ha puesto en marcha en 68 centros escolares de la Comunidad Valenciana un total de 241 aulas prefabricadas entre los cursos 1996 y 1998 para paliar el déficit de construcciones. La medida supone un coste que ronda los 200 millones de pesetas al año, según la documentación aportada por el propio consejero de Educación, Francisco Camps, a preguntas parlamentarias del Grupo de Esquerra Unida-Els Verds. La mayoría de los barracones, un total de 172, pese a cumplir con el mínimo requerido por la LOGSE de 45 metros cuadrados, en la práctica, se quedan pequeñas para la elevada ratio (número de alumnos por profesor) que tienen. Las APA (Asociaciones de Padres de Alumnos) de los centros afectados por la utilización de estas aulas prefabricadas sentencian: "Nuestros hijos estudian hacinados". "¿Cómo es posible que se disponga de ingentes cantidades de dinero para las grandes obras faraónicas que se están haciendo en Valencia y no lo encuentren para solucionar los problemas de nuestro pequeño instituto?", se pregunta la APA del instituto de Albaida. Un centro, cuyas defientes infraestructuras se descubren día tras día a través de las fugas en las conducciones de agua, los problemas en la instalación eléctrica o la habilitación de un pequeño gimnasio en donde antaño se ubicaba un bar; además de las graves ausencias de material didáctico (ordenadores para el aula de informática, un aparato de televisión, etcétera) que han tenido que pagar los propios padres. Las protestas y el malestar ante la política de parches de la Administración se repiten a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. En Benifairó de les Valls, donde se ha habilitado otro barracón en el único instituto que atiende a cinco poblaciones aledañas, este curso no ha logrado ni siquiera el aval de los arquitectos, que se han negado a firmar el alta de seguridad ante las evidentes muestras de deterioro que sufre el edificio. La situación se extiende desde las principales ciudades intermedias y cabeceras comarcales como Sagunto, Alcoi, Ontinyent, Orihuela, Xàtiva, Paterna, Sueca, Vila-real y Torrevieja, hasta una veintena de poblaciones de unos 15.000 habitantes como son: Alaquàs, Algemesí, Catarroja, Manises, Massamagrell, Moncada, Albatera, Alberique, Alfàs del Pi, Benaguasil, Benétusser, Buñol, Calp, Chiva, Campello o Altea. La lista, por último, la engordan los pueblos pequeños, tradicionalmente con mayor déficit en la enseñanza pública como Castelló de la Ribera, Dolores, Guardamar, Hondon de las Nieves, Monòver, Montesinos o Muxamel. Ante la preocupante situación, la federación de padres de alumnos FAPA-Valencia se pregunta: "¿No será que el Gobierno del PP pretenderá que el sistema educativo público vaya degradándose poco a poco hasta convertirse en lo que era durante los años cincuenta, sesenta y setenta, para que llevemos a nuestros hijos a los centros privados?".