El fiscal mantiene sus penas por los abortos pese a la retirada de pruebas

El fiscal del macrojuicio por abortos de Málaga ha decidido mantener la petición de condenas para los 34 procesados a pesar de haberse quedado sin las pruebas principales (los informes médicos del forense han sido anulados y tampoco ha podido interrogar a los acusados). Ayer, Javier de Torres reiteró la petición de un total 180 años de cárcel para el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría, los tres médicos y las cuatro auxiliares de su clínica, y mantuvo la solicitud de multas de 36.000 pesetas para cada una de las 23 mujeres acusadas. El juicio quedó visto para sentencia.

El ambiente de la cuarta sesión del juicio no pudo estar más caldeado. Lo que subió la. tensión de la sala fue el informe final del fiscal. Al no tener pruebas de cargo ni testimonios de los acusados, toda la fuerza de la acusación reside en las declaraciones que las 23 acusadas prestaron en 1986 tras su detención y en las escuchas telefónicas realizadas por la Policía durante la investigación en la clínica. Estas pruebas están admitidas por la sala, pero el juez había prohibido al fiscal reproducirlas durante la vista. Sin embargo, De Torres sabía que eran su única baza y decidió leerlas porque, aseguró, "el público de la sala debe tener también esa información". Pero el público -compuesto mayoritariamente por representantes de clínicas y personas vinculadas a asociaciones progresistas-, abandonó la sala en bloque. Los abogados defensores formularon una protesta enérgica, pero el juez ordenó seguir con la lectura, en contra de lo que había mantenido en días anteriores.

La defensa solicitó la libre absolución de los acusados y la nulidad del proceso alegando prescripción , falta de pruebas, consentimiento policial en la comisión de los delitos -las detenciones se realizaron después de los abortos cuando el deber de la Policía era impedirlos-, vulneración de los derechos fundamentales de los acusados e irregularidades en el proceso.

El medio centenar de personas que ayer se acercaron al juicio para expresar su solidaridad con los acusados improvisaron una concentración de protesta en las puertas del juzgado. Entre ellos estaba el ginecólogo Antonio Martín Santos, primer médico condenado en España por un aborto practicado bajo uno de los supuestos admitidos por la ley actual. "He venido en señal de solidaridad", comentó Martín Santos, quien tiene pendiente una condena de seis meses de cárcel, "porque la actitud cicatera de lo! políticos con respecto a este tema está dejando indefensos a los profesionales

Quien también ha expresado su solidaridad con las mujeres acusadas en este juicio es la alcaldesa del PP de Málaga, Celia Villalobos, que en días anteriores había sido criticada por el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, por su silencio. "Creo que esas mujeres deben quedar cuanto antes libres de esta pesadilla", dijo. Villalobos aseguró que la culpa de que juicios como el de Málaga se sigan celebrando es "exclusivamente del PSOE, que ha tenido 12 años para cambiar la ley -sobre el aborto- y no lo ha hecho". "Tanta ex ministra socialista en un proceso como éste es un acto de cinismo", añadió.