La Cámara baja de Italia aprueba las bases del Estado de las autonomías
El acuerdo sobre las reformas institucionales alcanzado el martes por la coalición de Gobierno (el Olivo) y la de oposición, (el Polo de la Libertad), se plasmó el jueves en la aprobación de los dos artículos que fijan el contorno de una Italia autonómica, en la Cámara de Diputados. Sólo los parlamentarios del Partido de Refundación Comunista y los del partido de Francesco Cossiga, la Unión Democrática para la República, votaron en contra. El presidente de la comisión Bicameral, Massimo D'Alema, se mostró satisfecho del impulso dado a una reforma que hace apenas una semana parecía condenada al fracaso. La comisión parlamentaria, encargada de redactar una nueva Constitución -sólo será reformada la segunda parte de la Carta Magna- tendrá que retocar todavía muchos de los artículos ya redactados y consensuados hace meses, sobre los que pesa 0 el voto parlamentario negativo o una amenaza más que segura en este sentido.
El nuevo marco legal que define la forma del Estado italiano es de carácter tímidamente autonómico, inspirado en las reformas españolas de hace 20 años. En realidad se trata de una descentralización profunda que dejará en manos del Estado un núcleo esencial de competencias: política exterior, inmigración y relaciones internacionales; defensa y Fuerzas Armadas; moneda, tutela del ahorro, ordenamiento tributario y contable; organismos estatales y leyes electorales correspondientes, así como los referendos estatales; orden público y seguridad, con excepción de la policía administrativa local; legislación civil y penal, organización de la. Justicia, Tutela de los bienes culturales y ambientales; indicación de los niveles mínimos de las prestaciones sociales (Sanidad y Educación) que deben ser garantizados en todo el territorio nacional y legislación electoral de municipios, provincias y ciudades metropolitanas.
La ley aprobada por la Cámara baja italiana abre además la posibilidad para las 15 regiones llamadas "normales" de dotarse de un estatuto especial -que ya poseen cinco regiones- con el que alcanzar un techo mayor de competencias.
