IU exige la devolución inmediata de los terrenos de la antigua cárcel de Málaga

Negociación o exigencia para lograr la devolución de la antigua Cárcel Provincial, una reivindicación histórica de los malagueños al Gobierno. Esta disputa surgió ayer entre IU y la alcaldía de Málaga, a raíz de una sentencia de 1997 que dice que los terrenos donde se construyó la cárcel no son patrimonio del Estado, sino una cesión temporal de la ciudad para uso penitenciario. El grupo municipal de IU, que desconocía hasta hace dos día el fallo, califica de innecesaria la negociación y ha exigido la devolución inmediata.

Celia Villalobos, alcaldesa popular de Málaga, asegura que el acuerdo entre las dos administraciones sigue siendo clave porque, al existir unos cincuenta presos en régimen abierto en el centro, la cesión de los terrenos sigue vigente. José Luis Portillo, viceportavoz municipal de IU, y José Luis Centella, diputado de este mismo grupo en el Congreso de los Diputados, anunciaron, sentencia en la mano, que su formación política va a plantear sendas iniciativas en Madrid y en el pleno municipal para que los terrenos sean devueltos a la ciudad de forma inmediata. En el Ayuntamiento de Málaga exigirán, además, su uso para centro cívico. Pero fueron más allá. José Luis Portillo acusó a Villalobos de "defender los intereses de Madrid y no los de su ciudad" y le echó en cara que había estado ocultando una sentencia que, a los ojos de esta formación política, hace el acuerdo con el Ministerio de Justicia innecesario. "Yo no he ocultado absolutamente nada", se defendió la alcaldesa, quien aseguró que las negociaciones que sigue desde hace dos años con el ministerio son necesarias a pesar de la sentencia. En su opinión, lo único que modifica la situación anterior es que los terrenos en vez de figurar como patrimonio del Estado lo harán como cedidos al Estado para uso penitenciario. Y aún sigue habiendo un centenar de reclusos en tercer grado en el centro. Por eso razonó: "A partir de ahí, hay dos posibilidades: otro juicio, que duraría, otros cinco años, como mínimo o firmar un convenio definitiva para que pase a ser propiedad de la ciudad". Y es esto lo que Izquierda Unida teme. En 1995, la Administración central valoró en unos 500 millones el centro, según Portillo. "Nosotros lo que queremos es un reversión gratuita", manifestó el viceportavoz. Y añadió: "Ya sabemos todos que la firma [de Villalobos] es un talón en blanco para el Gobierno central". La batalla entre las administraciones por la propiedad de los terrenos de la cárcel provincial comenzó en 1991 con la aprobación del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios y con la construcción de la prisión de Alhaurín de la Torre. Un año más tarde, el Ministerio de Justicia inscribió el antiguo centro como patrimonio del Estado en el registro de la propiedad, lo le daba potestad su venta para la creación. El Ayuntamiento de Málaga, entonces a cargo del PSOE, no se resignó a perder una de las reivindicaciones históricas de la ciudad de Málaga y presentó una demanda contra el Estado. Su razonamiento era claro: la cesión de los terrenos en 1928 era exclusivamente para su uso como penitenciaría y si iba a ser cerrada, la parcela tenía que ser devuelta a la ciudad para la construcción de un centro cívico.