Los miembros del Gobierno italiano no podrán poseer medios de comunicación ni empresas

Italia dispondrá en breve de una ley que regule el conflicto de intereses entre actividad política y empresarial, al estilo de las más avanzadas democracias occidentales. La Cámara de Diputados ha aprobado, con sólo una abstención, el proyecto de ley que impedirá a los dueños de medios de comunicación y a los empresarios con un patrimonio de más de 1.200 millones de pesetas, mantener la titularidad de la empresa y formar parte del Gobierno. En ambos casos tendrán que optar por la venta de la propiedad o por entregarla a un gestor con total autonomía decisoria.

La nueva ley, que tendrá que ser ratificada por el Senado, tiene al líder de Forza Italia y empresano de la televisión privada italiana, Silvio Berlusconi, como primer firmante, ya que fue durante su breve mandato al frente del Gobierno en 1994 cuando se planteó con toda crudeza el conflicto de intereses. La propuesta, una síntesis de los diversos reglamentos de este tipo que existen en otros países europeos y en Estados Unidos, pretende "separar" de sus bienes patrimoniales al primer ministro y a todos los miembros del Gobierno, en tanto dura su mandato. La opción que se les da es la de poner el control de la empresa en manos de un gestor independiente, o vender parcial o totalmente estos bienes. Al jefe de Gobierno de turno que opte por un gestor autónomo, la ley italiana le consiente mantener una comunicación informativa sobre la marcha de sus negocios cada tres meses. Y autoriza que se le liquiden los beneficios -en ningún caso superiores a los 85 millones de pesetas- una vez cada seis meses. La infracción de este artículo puede motivar una condena de dos años de cárcel y una multa de 50 millones de pesetas. El jefe del Ejecutivo y los miembros del Gobierno afectados por la ley tienen un plazo de 45 días para tomar una decisión al respecto. De no hacerlo en ese plazo, el primer ministro en cuestión podría ser despojado de su cargo, previa intervención del jefe del Estado.

La austeridad afectará también a altos cargos de la Administración, como directivos de empresas públicas y presidentes de entes autónomos, ya que deberán renunciar a ejercer actividades profesionales, como consultores o encargarse de ningún arbitraje y al igual que a los miembros del Gobierno, les quedará vedada la especulación en Bolsa.

Pluralismo informativo

Respecto a los medios de propiedad de un político, deberán respetar escrupulosamente el "pluralismo informativo". En caso de violación sistemática de esta norma, se arriesgan a sufrir multas que pueden representar hasta el 10% de los ingresos de publicidad del último mes. Se cierra así, a falta de la más que probable aprobación del Senado, la compleja peripecia de una ley que se gestó en la breve etapa en la que Berlusconi fue primer ministro. El triunfo en las elecciones de la primavera de 1994 del hombre que controla a través del poderoso grupo Fininvest el 50,6% de Mediaset, dueño de los tres principales canales de televisión privada, desató una polémica, avivada por sucesivas acusaciones de corrupción en la gestión de sus negocios, que Berlusconi intentó resolver poniendo el caso en manos de un comité de "sabios" encargado de redactar el oportuno borrador de ley.

En julio de 1994, cuando el borrador no estaba todavía maduro, Berlusconi tomó la decisión, empujado por sus aliados en el Gobierno, Alianza Nacional y la Liga Norte, de "congelar" temporalmente sus derechos sobre el grupo Fininvest y ponerlos en manos de un "alto comité" de expertos.

Fininvest es la segunda gran empresa italiana, un conglomerado de enormes proporciones que controla editoriales, televisiones, firmas de publicidad, distribuidoras de cine, grandes almacenes, finanzas, seguros y hasta inmobiliarias.