Chaves dice que no hay razón para el cese de Ortega y acusa al PP de ejercer la "depredación"

Apoyo cerrado y nítido. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, arroparon ayer en la sesión de control de la Cámara al titular de Relaciones con el Parlamento, el andalucista Antonio Ortega, quien durante dos años compatibilizó el puesto con el de secretario de actas del Consejo de Administración de la caja de ahorros San Fernando. A la petición de cese del PP, Chaves replicó con una encendida defensa del andalucista y con una queja: la de basar la oposición en el "linchamiento" y la "depredación política".

La declaración de Chaves sobre la situación del consejero no estaba prevista y vino forzada por las intervenciones de los portavoces de IU y PP en las preguntas de control que dirigieron al presidente, ambas sobre asuntos ajenos a la polémica. A la petición de cese de Ortega, Chaves no sólo contestó con una negativa sino además con un elogio al consejero andalucista. "Estoy muy satisfecho y muy orgulloso de su trabajo", afirmó el socialista, quien añadió: "No encuentro razones jurídicas, legales ni políticas para cesar a mi consejero ni para que dimita". Aunque Chaves eludió manifestarse sobre la situación legal de Ortega -"no sé si es incompatible o no", comentó-, sí lo estimó un tema menor y como ejemplo de lo que consideró una "hipocresía" del PP, puso los casos de tres alcaldes del PP que incurrieron en incompatibilidades al compaginar sus cargos en el Congreso o en el Senado con presidencias de empresas de los ayuntamientos: Celia Villalobos (Málaga), Teófila Martínez (Cádiz) y Gabriel Díaz Berbel (Granada). Los tres tuvieron que abandonar sus puestos municipales para no infringir la ley y en los tres casos, subrayó, el PSOE no pidió que dimitieran como alcaldes. "Ustedes no tiene legitimidad para pedir el cese de un consejero", dijo. Esta percha le sirvió para emplear, otra vez, la táctica parlamentaria de cambio de papeles y en vez de ser él el controlado por los grupos pasar a controlar a la oposición. A la crítica de Atencia de que Ortega era un "consejero fantasma" y de que estaba obligado a hacer crisis de Gobierno, ya que el que preside es el "más desprestigiado de España", Chaves acusó al PP de basar su oposición en el "linchamiento", la "depredación política" y el "juego sucio". La intervención de Chaves satisfizo a sus socios andalucistas, aunque éstos temen que el asunto de Ortega no pare ahí y que en los próximos días aparezcan otras polémicas que afecten a otros dirigentes del PA. "No es mi competencia" El respaldo al andalucista fue igualmente firme por parte de la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, quien zanjó el intento de los populares de extender la responsabilidad a su departamento y al propio Manuel Chaves. Argumentó que Ortega sí cumplió con su obligación de declarar su puesto en la entidad en el Registro de Bienes e Intereses de Altos Cargos, pero que su departamento no tiene obligación de emitir ningún informe sobre la existencia o no de incompatibilidades. Hermosín, en respuesta al diputado popular Antonio Sanz, sostuvo que la única misión de su departamento es la de custodiar los documentos que entreguen los altos cargos. La consejera se acogió a la tesis del Gobierno andaluz de que el asunto puede someterse a distintas "interpretaciones jurídicas", pero que, en ningún caso, su departamento puede tener alguna responsabilidad. "Gobernación ha cumplido escrupulosamente con la ley. No está habilitada para hacer juicios sobre incompatibilidades. No es mi competencia", dijo Carmen Hermosín, en un intento de frenar la pretensión de los populares de salpicar a su departamento. Sanz volvió a reclamar la dimisión del Ortega por "vergüenza", lamentó que se acuse a la oposición de hacer un linchamiento con el caso y concluyó con una justificación de las iniciativas de su partido: "Sólo pedimos que al menos se cumplan las leyes desde el Gobierno". Al margen de la posible incompatibilidad de Ortega como consejero del Gobierno andaluz y secretario de una caja durante dos años, el Parlamento abrirá hoy una segunda vía en la petición de responsabilidades. La Comisión del Estatuto de los Diputados, que se reúne a puerta cerrada, estudiará si Ortega notificó en la Cámara que era integrante del Consejo de Administración de la Caja San Fernando. La comisión, presidida por Diego Valderas (IU), y compuesta por Manuel Gracia (PSOE), que será elegido hoy, Manuel Atencia (PP) e Ildefonso Dell"Olmo (PA), analizará la declaración del andalucista y, probablemente, dará una fecha para su comparecencia y encargará un informe jurídico.