Tácito Serra

EL MINISTRO Eduardo Serra optó por el tacitismo. En su comparecencia de ayer ante la Comisión de Defensa del Congreso defendió la tesis de que el Cesid actuó legalmente al espiar a Herri Batasuna, pero admitió tácitamente lo contrario al pedir "el beneficio de la duda" respecto a la legalidad de los procedimientos empleados. El margen que tenía era escaso, pero lo redujo aún más al negarse a traducir la teórica asunción de responsabilidades en algún cese personalizado. Aun admitiendo que el asunto es complejo y que puede existir un dilema entre lo legal y lo moral, lo que no puede ocurrir es que una ilegalidad evidente por parte del aparato del Estado se zanje sin efectos políticos que la opinión pública pueda conocer y valorar. La incongruencia resulta especialmente notable a la vista de la belicosa actitud que el actual partido del Gobierno mantuvo, sobre situaciones similares, cuando estaba en la oposición.Eduardo Serra partió de la afirmación de que lo investigado no era el partido político Herri Batasuna (HB) sino el "complejo de apoyo" de ETA. El mensaje implícito era que si bien HB es un partido legal, también es parte del entramado terrorista. Como luego diría el portavoz de CIU, considerar a HB un "partido, político normal" sería "un exceso de cinismo". No porque HB comparta los fines de los terroristas, ni porque su dirección haya sido condenada por colaboración con banda armada; sino porque, como admiten ellos mismos, ETA y HB son dos brazos de un mismo cuerpo, el llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco.

Pero HB es también un partido legal. Lo es tras años de controversia jurídica y política, porque no todos consideraban evidente que debiera ser legalizado. Uno de los argumentos de quienes en los años ochenta se oponían a legalizar esa formación fue que, de hacerlo, habría que meter en la cárcel a sus directivos en cuanto ofrecieran la primera conferencia de prensa. Finalmente se decidió la legalización, no porque los jueces ignorasen la singularidad de ese partido, sino porque primó la vocación de integración propia del sistema democrático.

El dilema entonces planteado sigue vigente, y no tiene fácil solución. Serra ensayó una enrevesada argumentación -más propia de un abogado en un pleito que de un político ante el Parlamento- para tratar de demostrar la legalidad de la actuación del Cesid. Misión imposible. Aunque fuera cierto que se daban las condiciones para aplicar el artículo 55 de la Constitución -sobre la suspensión de determinados derechos individuales en relación a investigaciones antiterroristas-, queda la exigencia de autorización judicial, que es la clave de la discusión. En principio, un juez sólo puede autorizar escuchas en el marco de una investigación judicial abierta o ante indicios personalizados y muy concretos de delito. Y si se dan tales supuestos, la investigación sería encargada a la policía, no al servicio secreto, que se supone tiene una actuación preventiva: de actuaciones involucionistas y terroristas, especialmente.

El propio ministro debió encontrar poco convincente su argumentación explícita, y de ahí su súplica implícita de comprensión ante lo que calificó de "aparente ilegalidad". La obtuvo, matizadamente, de los socialistas, que no quisieron llevar hasta el final lo que podríamos llamar derecho de revancha: renunciaron a la petición de dimisiones, y la de explicaciones puede considerarse moderada, sobre todo después de que el portavoz de Izquierda Unida hubiera recordado lo que Aznar había dicho con ocasión del escándalo de las escuchas de hace tres años. El formato del debate hizo que quedase sin réplica la afirmación de Serra de que la asunción de responsabilidades ya se había producido con el cese de dos cargos del Cesid cuya identidad no podía revelar. El motivo aducido fue una "fuga de información", que habría provocado el descubrimiento de las escuchas por parte de HB. Pero no aclaró cómo se produjo tal fuga ni si ella guarda relación con la filtración de la noticia al diario Egin. Es probable que el ministro no pudiera dar más explicaciones sin comprometer la seguridad de los agentes. Pero el correlato de la comprensión política solicitada debería ser un reconocimiento abierto de la ilegalidad cometida y una aceptación explícita de las responsabilidades políticas que de ella derivan.

El mismo partido que desde la oposición reclamó y obtuvo la dimisión de dos ministros socialistas y del director del Cesid a cuenta de unas escuchas aparentemente ilegales se propone solventar ahora con el cese de dos funcionarios de rango medio otras escuchas también aparentemente ilegales. Un precio a todas luces insuficiente si se relee a un Álvarez Cascos que en 1995 pedía la dimisión del presidente. Porque las eventuales circunstancias atenuantes o eximentes deben invocarse, en su caso, ante los tribunales. Lo que no cabe es admitir la ilegalidad y reclamar impunidad.