El Supremo de Italia anula una condena de ocho años contra Craxi
Una parte de los juicios provocados por el denominado escándalo Tangentopoli destapado por los jueces del movimiento Manos Limpias a principios de los años noventa, y algunas sonadas causas más, tendrán que volverse a repetir con el consiguiente peligro de que prescriban. Esta es la primera conclusión que se desprende de la decisión del Tribunal Supremo, máxima instancia de apelación en Italia, de anular la sentencia de ocho años y tres meses de cárcel dictada el pasado verano por el Tribunal de Apelación de Milán contra el ex secretario general del Partido Socialista Italiano (PSI) y ex primer ministro Bettino Craxi, por las comisiones ilegales recibidas en la adjudicación de obras del metro de la capital lombarda. Esta sentencia era la más y la primera en firme de las tres que hasta ahora ha recibido el político italiano, que en conjunto ascienden a 25 años de reclusión.
El máximo tribunal decidió anular el juicio que condenó a Craxi a prisión y al pago de una multa de 4.500 millones de pesetas, y dictó sentencia contra otras 80 personas, asumiendo el carácter retroactivo de facto de la modificación de un artículo del Código Penal. El nuevo artículo obliga a los testigos de la acusación y la defensa a repetir ante el tribunal la declaración hecha al juez instructor del proceso. La modificación, ,aprobada en otoño pasado, fue bien acogida por los magistrados de Manos Limpias, siempre y cuando no fuera aplicada a los juicios previos al cambio penal.
La idea original era que el nuevo artículo afectara únicamente a los procesos de primer y segundo grado. Sin embargo, en una reunión de todas las secciones del Tribunal Supremo, celebrada hace dos meses, se consideró que tal aplicación provocaría desigualdades de trato entre los imputados, por lo que se decidió que el nuevo artículo incluyera a los procesos pendientes ante el Supremo.
Acusado de financiación ilegal y corrupción, el ex líder del PSI, exiliado en su casa de Hamamet (Túnez) desde hace cinco años, se había defendido siempre alegando que el dinero de las comisiones ilegales por la construcción del metro milanés había ido a parar a las arcas del partido. Un antiguo colaborador suyo, Silvano Larini, había declarado en la fase de instrucción del proceso que el dinero era para Craxi. Sin embargo, no ratificó su declaración en el posterior juicio.
El fiscal jefe de Milán, Francesco Saverio Borrelli, lamentó el jueves el precedente que crea esta decisión del Tribunal Supremo sin llegar a criticarla. "Ahora empeza mos a ver en concreto los efectos de la reforma del artículo 513 del Código Penal, y a tocar con las manos los desastres de semejante modificación", declaró Borrelli.
Los abogados de Craxi aplaudieron una decisión que, a juicio de uno de ellos, Giannino Guiso, restablece el "principio sacrosanto" de la doble declaración. La situación de su defendido en lo que respecta al juicio sobre las comisiones por el metropolitano de Milán no puede ser más favorable. Rehacer el proceso, según declaraba ayer al diario Corriere della Sera su abogado Guiso, puede llevar mucho tiempo. "Hay que volver a convocar a un montón de testigos y ver qué dicen ahora. En suma, se necesitará cierto tiempo". Un tiempo que puede ser crucial porque todos los delitos de que está acusado Bettino Craxi en este proceso prescribirán en el año 2005.
