La izquierda rechaza el Plan de Empleo y los partidos nacionalistas lo aceptan con reticencias
PSOE, Izquierda Unida y el Grupo Mixto, través de Nueva Izquierda, y el Bloque Nacionalista Galego, rechazaron, ayer, en el pleno del Congreso, el Plan de Empleo que presentó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, veinticuatro horas después de hacerlo en Bruselas. La izquierda acusa al Gobierno de actuar forzado por las exigencias europeas, de carecer de objetivos y de no aportar recursos para que el plan fructifique. Los nacionalistas aceptan la propuesta, aunque plantearon algunas reticencias. El PNV lo considera "excesivamete centralista".
La presentación del plan en el Congreso actualizó, una vez más, la ley de la fatalidad parlamentaria, que se cumple con es casas excepciones: a mayor trascendencia de fondo del asunto que se debate, menor interés en los escaños. Apenas una cincuentena de diputados siguieron las intervenciones del ministro y de los portavoces y el de Coalición Canarias, José Carlos Mauricio, lo planteó expresamente, desde la tribuna aunque lo atribuyese a la falta de un consenso generalizado tal y como se ha logrado en otros asuntos del ámbito social y laboral. No fue de la misma opinión el ministro Arenas quien en su exposición comenzó por agradecer el esfuerzo realizado por comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos, empresarios, instituciones y organizaciones sociales para elaborar el Plan Nacional de Acción para el Empleo. Según Arenas, el plan español es fruto de más de ochenta contactos y reuniones, es uno de los más participativos de los que se han presentado en Bruselas y cumple rigurosamente los objetivos de la cumbre de Luxemburgo que deben acatar todos los países de la UE.
Justamente ese fue el reproche principal que le lanzó Ricardo Peralta, del Grupo Mixto, en nombre de Nueva Izquierda. En su opinión, el Gobierno ha presentado el plan forzado por la exigencia europea y después de que el presidente del Gobierno, José María Aznar se desmarcase, expresamente, de las directrices de la Unión en este terreno.
Según el ministro de Trabajo, se destinará este año casi 1 billón de pesetas para 1,2 millones de acciones de formación, orientación y empleo, para jóvenes en paro desde hace 5 meses, y adultos sin empleo. Arenas comprometió su "más firme intención" de mantener la política de diálogo con los agentes sociales y las fuerzas políticas para desarrollar aspectos pendientes del plan, pero "siempre en la línea de lo acordado en Luxemburgo", que no incluye, recordó, la reducción por ley de la jornada laboral a 35 horas semanales. Arenas admitió la falta de apoyo de los sindicatos al plan y explicó que la no inclusión de la reducción de la jornada de trabajo a 35 horas semanales obedece a que, a su juicio, la medida podría, incluso, destruir empleo, si se impone por ley, sin bajada de salarios.
Críticas al contenido
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Griñán, pidió la reducción de jornada y advirtió, que si "alguna de las partes se cierre en banda", en la negociación colectiva, deben plantearse actuaciones "incluso de carácter legal". Frente a la posición Inicial, el PSOE cree que el Gobierno debería imponer las 35 horas por ley, si la patronal CEOE se niega a debatir sobre la reducción de jornada para impulsar el empleo. En su opinión el plan "no tiene orientación clara e incluye las políticas que ya existían, sin destacar aspectos nuevos que ahora se están debatiendo en gran parte de Europa, como la reducción de jornada". Pedro Vaquero, de IU, fue más lejos al exigir que la reducción se regule de inmediato por decreto. También advirtió de que el plan se ha hecho en contra de la opinión de los sindicatos "con la conflictividad social que esto puede originar en el futuro".
Para Carles Campuzano, de CiU, el plan es aceptable en su conjunto, pero "está lleno de inconcreciones y faltan objetivos cuantificables, como, por ejemplo, las implicaciones fiscales" que supone.
