Francia da el primer paso para separar la justicia del poder político
La ministra francesa de Justicia, Elisabeth Guigou, presentó ayer ante el Consejo de Ministros el proyecto de reforma constitucional del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), organismo que supervisaba hasta ahora el nombramiento de magistrados. "Se trata de conceder mayor independencia a los jueces pero también más responsabilidad y una mayor legitimidad" explicó la ministra.El CSM, integrado en su gran mayoría por profesionales de la justicia, contaba con 16 miembros que se pronunciaban sobre los nombramientos del Consejo de Ministros o del titular de la cartera de Justicia. Entre 1994 y 1996, de un total de 500 nombramientos hechos por el ministerio, el CSM sólo emitió 15 opiniones desfavorables, que únicamente en la mitad de los casos fueron tenidas en cuenta por el ministro.
El nuevo CSM tendrá 21 miembros, 11 de ellos ajenos a la magistratura y nombrados por el Consejo de Estado, el presidente de la República, Asamblea Nacional, Senado y Consejo Económico y Social, así como por el Tribunal de Cuentas. "El CSM pertenece a toda la nación y su composición debe reflejarlo", afirmó Guigou antes de explicar que, si su reforma se aprueba, "ningún juez o fiscal podrá ser nombrado a partir de ahora sin el visto bueno del CSM".
Las sanciones disciplinarias contra los magistrados serán tomadas por el CSM y el ministro sólo tendrá derecho a presentar sus inquietudes o sospechas ante el CSM. "El objetivo político del Gobierno pasa por evitar que el ministro de Justicia pueda dar instrucciones concretas a los magistrados", expuso Guigou, que sólo reclamó para sí el derecho a dar "instrucciones generales".
El proyecto de Elisabeth Guigou, que debiera ser presentado a la Asamblea Nacional en junio, se había ido retrasando ante la reticencia mostrada por el presidente de la República, Jacques Chirac. El presidente se mostraba fiel a la tradición gaullista, que quiere que el poder judicial esté sujeto a los intereses del poder político, y ha tendido a frenar la velocidad de la reforma así como su alcance.
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