Las súplicas de la secretaria de Estado

Si el Tribunal Supremo de Estados Unidos o el gobernador de Virginia no lo impedían en el último momento, el paraguayo Ángel Francisco Breard tenía cita con el verdugo en la madrugada de hoy. Hasta aquí, la noticia es una de las que se producen cada cinco días en EE UU, donde el pasado año fueron ejecutados 74 presos. Pero aunque todos lo son, el caso de Breard es un poco más distinto que los demás. Si Breard acaba recibiendo la inyección letal, Estados Unidos se habrá saltado a la torera una sentencia del Tribunal Internacional de La Haya.Hasta Madeleine Albright, la dama de hierro de la diplomacia norteamericana, estaba ayer abochornada. Que el país que va de gendarme del mundo no pague sus impuestos -las contribuciones a la ONU-, no respete las leyes internacionales -la Convención de Viena- y haga oídos sordos a las decisiones de un tribunal prestigioso -el de La Haya-, no contribuye a su credibilidad cuando lanza una cruzada contra Sadam Husein o proclama que desea detener a Pol Pot.

En un gesto inusual, Albright pidió por escrito a Jim Gilmore, el gobernador republicano de Virginia, que suspendiera la ejecución del paraguayo. Como sabía que citar el respeto a la legalidad internacional no impresionaría demasiado al gobernador, la secretaria de Estado puso el acento en el daño que la ejecución de Breard podría hacer a los estadounidenses detenidos en el extranjero.

"La ejecución del señor Breard", escribió Albright, "podía ser vista como una negativa por parte de EE UU del significado de la ley internacional y de los procedimientos del Tribunal de La Haya, y podría limitar nuestra capacidad para proteger a los norteamericanos que viajen por el exterior". Albright precisó ayer ante los estudiantes de la Universidad de Howard, en Washington, su voluntad de respetar, aunque sea "a regañadientes" las decisiones de La Haya.

La diplomacia norteamericana es muy puntillosa a la hora de que a sus ciudadanos se les aplique en todo el mundo la Convención de Viena. Firmada en 1963 por decenas de países, entre ellos EE UU, ese tratado establece que las personas detenidas en un país extranjero deben ser informadas de inmediato por la policía de que tienen derecho a entrar en contacto con sus representantes consulares y a solicitarles ayuda para su defensa.

Pero, como denunció, el Gobierno de Paraguay, la policía del Estado de Virginia no respetó esos derechos cuando detuvo a Breard en 1992 y le acusó de haber intentado violar y apuñalado y matado luego a Ruth Dickie, una vecina suya en Arlington (Virginia). Integrado por 15 jueces de distintas nacionalidades, el Tribunal de La Haya, el máximo organismo judicial de la ONU, dio el pasado jueves la razón a Paraguay y pidió a Estados Unidos que suspendiera la ejecucion de Breard. Pero ese tribunal no tiene potestad para imponer sus decisiones a ningún país.

Las autoridades de Virginia no han negado nunca haberle privado a Breard de sus derechos relativos a la Convención de Viena, un tratado de cuya existencia no tienen ni la menor idea las distintas fuerzas policiales norteamericanas. El pasado año, un mexicano fue ejecutado, también en Virginia, aunque su Gobierno denunció que no había sido informado de su derecho a entrar en contacto con sus representantes consulares. Cuando el cadáver ya se estaba enfriando, el Departamento de Estado reconoció desde Washington la violación del tratado y pidió excusas a México.

Miguel Díaz Pache, cónsul español en Miami, también ha denunciado que la policía de Florida no informó a la representación española de la detención de Joaquín José Martínez, que ahora vive en, el corredor de la muerte de la prisión de Starke. Martínez declaró en diciembre a este periódico que en ningún momento la policía le dijo que podía telefonear al consulado.

Como todo en derecho, no es sólo una cuestión de formas. El Gobierno paraguayo sostiene que hubiera podido suministrar a Breard un abogado que le hubiera evitado la condena a muerte. Bien asesorado, el detenido podría haber negociado con. la fiscalía una declaración de culpabilidad a cambio de una condena menor.