México acusa a los expulsados de Chiapas de ayudar a crear un municipio prozapatista

Los 12 extranjeros expulsados de México, entre ellos cuatro españoles, fueron detenidos con la manos en la masa, "en flagrancia'' según la precisión jurídica de la Secretaría (ministerio) de Gobernación, mientras participaban en la creación de un "municipio autónomo" prozapatista, prohibido por la Constitución, e instaban a los vecinos a no permitir el restablecimiento de las autoridades municipales anteriores, miembros del partido Revolucionario Institucional (PRI).

Hacia las cuatro de la madrugada del sábado, 800 policías y soldados suprimieron el "municipio autónomomo" inaugurado en el norte de Chiapas y detuvieron a 20 personas, ocho mexicanas. La Embajada española asistió en todo momento a los españoles y les acompañó hasta su embarque en el avión. "¿Es cierto que fueron detenidos en flagrancia?" preguntó la prensa española al cónsul español, Ramón Gandarias, en el aeropuerto. "En flagrancia, no. Estaban dormidos dijo. "Todo ha sido muy abrupto y violento, han pasado enorme miedo físico porque al principio no sabían si eran paramilitares".La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de. Emigración justificaron en conferencia de prensa las expulsiones. "Los doce extranjeros pretendieron evitar que las autoridades del Estado de Chiapas que se presentaron en el lugar de los hechos llevaran a cabo los actos encaminados a restablecer el ejercito legítimo de sus funciones a las autoridades municipales. que habían sido desconocidas", declaró Miguel Covián Pérez, director de Asuntos Jurídicos de la secretaría. "Fueron detenidos en flagrancia, esto quiere decir en el momento en que estaban participando en esa serie de actos colectivos que tenían como objetivo sostener a autoridades espúreas".

De acuerdo con el informe recibido por la fiscalía de Chiapas, los expulsados incurrieron en ''notorias contradicciones" en sus declaraciones y en el acto de constitución del municipio manifestaron abiertamente, añadió Covián, "que ellos estaban allí para impedir que se realizara cualquier acto contrario a la decisión que había tomado, según ellos, la comunidad del lugar, y que ellos iban a impedir a toda costa que esto pudiera llevarse adelante". Covián aseguró, por otra parte, que a todos se brindó asistencia legal. "Tuvieron todos las garantías, aunque el artículo 33 de la Constitución establece que la facultad del Gobierno de declarar que debe abandonar el país un extranjero cuya permanencia se considera inconveniente no requiere de juicio previo".

Los cuatro españoles expulsados llegaron ayer a Madrid y mostraron sus indignación cuando se les preguntó en una conferencia de prensa si estaban en México haciendo turismo ecológico. Se defendieron alegando que quizás gracias a su presencia se "evitó una matanza" de indígenas como la ocurrida en Acteal el pasado diciembre. Para ellos, la pretensión de las autoridades mexicanas era clara: con su detención querían evitar que fueran "testigos" de una política de guerra contra las comunidades indígenas. "No sabemos lo que hubiera pasado si no hubiéramos estado allí", manifestaron. Ana López, Julen Cobos, Olga Clavería y Marta Sánchez volaron a Madrid acompañados por tres agentes de inmigración mexicanos. Hasta que no pisaron suelo español, éstos no les devolvieron sus pasaportes.

Durante la madrugada del sábado, más de 800 miembros de la seguridad del Estado irrumpieron en la comunidad de Taniperlas, según relataron los españoles expulsados. "Algunos iban de uniforme, otros de paisano, armados y con la cara tapada", dijo Cobos. "Cogimos la cámara de fotos, pero no nos dio tiempo de nada. Me quitaron la cámara y a golpes me metieron en un furgón", denunció. "Estuvimos una hora encerrados en el furgón y luego nos llevaron a un lugar donde podiamos oír los disparos", prosiguió.

En opinión de los cuatro españoles, las fuerzas del Ejército iban en compañía de miembros del gobernante PRI. "Cuando los soldados fueron a detener a tres índigenas, se defendieron gritando que eran priístas", contó Cobos, quien afirmó que entonces oyó cómo los soldados les alentaron a ir a por el resto de sus compañeros afines al partido gobernante mexicano y destruir todo lo que pudieran del "municipio autónomo". "Quernaron todo, las casas de los campesinos y el auditorio que se había construido para inaugurar el municipio".

Según López, "nos han acusado de dirigir a la población indígena en un enfrentamiento contra la policía, impedir la acción de las autoridades de restablecer el orden constitucional y agredir al Ejército". "Todo es absolutamente falso", dijo López.

Olga Clavería relató que con su presencia en la zona quieren denunciar el acoso que sufre la comunidad indígena: "Nos limitamos a estar allí y documentar lo que ocurre". Y afirma que las autoridades mexicanas no quieren "testigos" de lo que sucede en Chiapas. "Pero tememos por los que se han quedado allí detenidos", confesó.