Cómo abrir nuevos campos a la especulación

El Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid está empeñado desde hace dos años en un proyecto que ellos mismos califican de arriesgado, pero que más bien se debería calificar de irresponsable y generador de especulación. Se trata de la privatización de los aparcamientos de residentes construidos en el subsuelo de la ciudad, en lo que no es sino una huida hacia adelante, motivada por una incapacidad manifiesta para resolver el problema de su gestión.El origen de los aparcamientos de residentes o PAR hay que buscarlo en el desarrollo de una política coherente de movilidad. Las plazas se ofertan exclusivamente a los residentes del entorno del aparcamiento a un precio asequible, con lo que se consigue despejar la superficie de coches, al tiempo que el porcentaje de vehículos usados para desplazamientos al trabajo disminuye: el coche bien aparcado se mueve menos. La plaza, una vez adquirida por un residente, no se puede alquilar ni vender libremente, sino sólo a otro residente y al precio tasado por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento cede el derecho de uso mediante una concesión, pero conserva la propiedad del aparcamiento y, por tanto, su control. Se mantiene en todo momento el interés general con esta utilización del subsuelo que beneficia al conjunto de la ciudad.

Por otra parte, el origen del subsuelo público donde se construyen los PAR es la cesión obligatoria y gratuita de los terrenos destinados a viales públicos, sin que se contemple en ellos ningún uso lucrativo. Tanto si de dichas cesiones no queda ya memoria, como si han sido recientes, lo que está arraigado en todos los ciudadanos es la cualidad de dominio público de estos terrenos.

Si prospera el proyecto del Partido Popular, al vender la propiedad de las plazas, el Ayuntamiento ya no podrá controlar si estas plazas siguen siendo de residentes o no, pudiendo darse el caso de que todo un aparcamiento acabe en manos de una empresa o que la mayoría de las plazas se alquilen a oficinas de la zona.

De esta forma se producirá el efecto contrario al perseguido por los PAR, al incentivar el uso del vehículo para desplazamientos por motivo de trabajo, y se estará dando una utilización privada y lucrativa del subsuelo cedido gratuitamente, al tiempo que se generará una fuerte presión especulativa sobre el mismo. A partir de entonces, los promotores urbanísticos se verán discriminados y podrán exigir con toda razón que las cesiones obligatorias afecten sólo al suelo de los viales, reservándose ellos el subsuelo, que luego venderán como les parezca oportuno.

Además, si el Ayuntamiento hoy vende el subsuelo para aparcamientos, nada impediría que mañana, una vez desbrozado el camino, se vendiera para ampliar los almacenes de algún comercio o para instalar un criadero de champiñón. El concepto de lo público que ha costado siglos conseguir (pensemos, por ejemplo en la lucha del Concejo de Madrid por evitar que las bodegas de las casas invadieran subterráneamente la vía pública), el Partido Popular lo arruina en dos días.

Todo esto no son fantasías improbables, sino que ahora mismo se está construyendo un muelle para descarga de mercancías en el subsuelo público conectado a unos grandes almacenes, y los concesionarios de aparcamientos de rotación municipales han declarado que están interesados en la compra de los mismos, pues no quieren ser menos que los residentes.

Las dificultades ,legales que presenta el proceso de privatización no han pasado desapercibidas para el Partido Popular, que, sin embargo, sí ha intentado ocultarlas a la opinión pública. Desde un principio han avalado su actuación con un teórico escrito del decano de los registradores de la propiedad, que cuando lo hemos reclamado no ha sido posible encontrar, por lo que sospechamos que nunca ha existido.

Las dudas sobre la viabilidad de la segregación suelo-subsuelo y posterior desafectación de este último del dominio público, así como de la cesión de las plazas mediante permuta en lugar de mediante subasta como exige la ley, han llevado a los responsables del Partido Popular a exigir en el concurso convocado para la gestión de la venta un estudio técnico-jurídico sobre estos extremos. Evidentemente, lo que se está pidiendo es que se vista jurídicamente este despropósito, pues nadie que se presente al concurso va a decir que no es viable para, en consecuencia, quedarse sin trabajo.

Se está forzando la legalidad para al final ceder gratuitamente los PAR a los concesionarios, mientras el Ayuntamiento hace dejación de sus obligaciones, pues no controla los alquileres y transmisiones ilegales de plazas y ni siquiera ha exigido a los concesionarios la inscripción de los aparcamientos el Registro de la Propiedad, tal y como exigen los pliegos de condiciones que rigieron su concesión.

Confiemos en que al final, prevalezca el sentido común sobre las genialidades privatizadoras y el subsuelo de la ciudad siga siendo de todos los madrileños.