El Gobierno vasco cree que se "aparta, margina y soslaya" a la Ertzaintza

El Gobierno vasco abordó en su reunión de ayer las presuntas escuchas ilegales realizadas por el Cesid en la sede de HB en Vitoria y mostró su "enorme preocupación" porque la juez del caso haya atribuido a la Guardia Civil la investigación, en detrimento de unas funciones de policía judicial que, según el Ejecutivo autónomo, son de la Ertzaintza. La portavoz Mari Carmen Garmendia señaló, en nombre del Gabinete tripartito integrado por PNV, PSE-PSOE y EA, que la policía vasca "ha sido apartada, marginada y soslayada".

Después de que el consejero de Interior vasco, Juan María Atutxa, informase al Gobierno que preside José Antonio Ardanza de los hechos, la portavoz del Ejecutivo autónomo compareció para lamentar que sea la Guardia Civil quien, por orden de la juez, se encargue de realizar las pesquisas en torno al presunto espionaje efectuado por el servicio secreto Cesid en la sede de Herri Batasuna de la capital alavesa.Mari Carmen Garmendia dejó patente la "enorme preocupación" del Ejecutivo autónomo porque se haya privado a la policía vasca de unas funciones que le corresponden, según la interpretación que hace el Gobierno vasco del acuerdo que delimita las funciones de los distintos cuerpos de seguridad que operan en Euskadi. La portavoz manifestó que la policía vasca "ha sido apartada, marginada y soslaya da" del proceso judicial, negándosele la actuación que le correspondía ejercer.

Pese a esta valoración, el Gabinete no ha decidido emprender ninguna actuación ni petición de explicaciones.

Según las explicaciones ofrecidas por Atutxa, la portavoz del Gobierno vasco dijo poder afirmar que en la intervención de las comunicaciones de la sede vitoriana de Herri Batasuna se han utilizado "sistemas muy chapuceros". "Llama poderosamente la atención", añadió Mari Carmen Garmendia, "que en una democracia se hayan usado estos procedimientos de vigilancia y esperamos que todos los extremos queden debidamente esclarecidos".

Desprevenido

Según informaba ayer el diario Egin, vinculado al llamado MLNV, el descubrimiento del espionaje al que la coalición independentista radical habría estado sometida desde hace varios años en su sede de Vitoria fue posible porque las gestiones para el cambio de la centralita telefónica se realizaron desde Vizcaya. Esta circunstancia impidió que los agentes del Cesid que practicaban las escuchas recibieran esa información y tuvieran tiempo de retirar el dispositivo ilegal montado para espiar a quienes pasaban por el local de Herri Batasuna en Vitoria.Fuentes de la coalición independentista mostraron ayer a EL PAÍS su convencimiento de que la derivación de las líneas telefónicas, que se realizaba a través del falso techo en el piso superior, ocupado por los agentes del servicio de inteligencia militar, tuvo que ser hecha desde dentro de las propias instalaciones de HB. No obstante, desde la coalición independentista se ha reconocido que las cámaras de seguridad que están instaladas en la sede no registraron ese supuesto allanamiento.

Las mismas fuentes señalaron que el inquilino del piso desde el que se realizaban las escuchas ilegales acudía con regularidad a las reuniones de la comunidad de vecinos y decía ser funcionario del Gobierno vasco. El presunto autor de la vigilancia ilegal estuvo al menos en una ocasión en el interior de la sede de la formación independentista, revisando los desperfectos causados por una fuga de agua procedente de la vivienda que ocupaba en la planta superior.

Varias bases operativas

El piso de la calle Ramiro de Maeztu, en el centro de Vitoria, habría sido, siempre según Egin, una de las bases operativas del Cesid en la ciudad. De acuerdo con el relato de ese periódico, un agente del servicio secreto militar, bajo la falsa identidad de Miguel Angel Navarro González, contactaba desde esa dirección con la central del Cesid en la avenida del Padre Huidobro en Madrid, según probarían varios extractos de las facturas de teléfono en poder del citado rotativo vasco.Uno de los teléfonos a los que llamó el presunto espía, el número 3739517 de Madrid, consta explícitamente a nombre del Ministerio de Defensa-Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid). El diario ofrecía también en sus páginas las matrículas y características de dos vehículos supuestamente utilizados por el presunto autor de las escuchas ilegales.