El PP entrevista a los denunciantes del senador canario González Arroyo

, La comisión del PP que investiga al senador por Fuerteventura Domingo González Arroyo ha mantenido entrevistas con varios de los denunciantes que acusan a éste de cometer irregularidades urbanísticas y terminará su informe dentro de cuatro semanas. Fuentes del PP en Canarias aseguran que si el informe confirma la denuncia presentada por un arquitecto municipal, el senador será cesado en su cargo.

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Pablo Mato, abogado especialista en urbanismo y presidente de la comisión interna del Partido Popular, señala que han tomado declaración a varias personas y que todas están siendo receptivas a su trabajo. "Con el senador he mantenido una primera conversación informal, pero le llamaremos a declarar oficialmente. Ángel Acebes, coordinador del partido, nos ha pedido rigor y seriedad en el trabajo. Le aseguro que vamos a llegar hasta el fondo". José Miguel Bravo de Laguna, presidente del partido en Canarias, ordenó crear una comisión de investigación interna días después de que este periódico publicara la denuncia presentada por Casto Martínez Berriel ante el Tribunal Superior de Justicia de las islas. El arquitecto, militante del PP, asegura que González Arroyo ha establecido en el Ayuntamiento de La Oliva,del que es alcalde desde hace 20 años, un procedimiento de concesión de licencias "Íncompatible con la legalidad vigente", le acusa de tráfico de influencias y dice que ha convertido la corporación en "un negocio privado".La comisión interna del PP la integran tres militantes especialistas en derecho administrativo, urbanismo y arquitectura. Antonio Tejedor de Ron, abogado especializado en derecho administrativo, investiga el peculiar sistema del senador para otorgar las licencias de obras. Mato, teniente de alcalde y gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, indaga en las normas urbanísticas del Ayuntamiento de La Oliva, de 9.000 habitantes; y el arquitecto Alejandro Castro, hijo de un antiguo dirigente del partido, estudia las presuntas irregularidades denunciadas por su colega.

En muy poco tiempo el senador canario se hizo con el control y la presidencia del partido en Fuerteventura y provocó una escisión de sus militantes. Dirigentes del Partido Popular canario no han ahorrado críticas al senador investigado. María Eugenia Márquez, consejera de Política Territorial, que ha mantenido numerosos contenciosos con el alcalde de La Oliva por cuestiones urbanísticas, le define como misógino. Otros, que piden el anominato, dicen: "Llevábamos veinte años escuchando presuntas irregularidades de este señor. Tarde o temprano esto tenía que saltar".

Juan Guerra Manrique de Lara, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, convocará a la junta de fiscales para nombrar un fiscal instructor que se traslade a Fuerteventura y comience la investigación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 04 de abril de 1998.

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