Calderón asumirá toda la responsabilidad si se demuestra que el Cesid espio a HB

El director del Cesid, Javier Calderón, asumirá toda la responsabilidad si se demuestra que el servicio secreto espió sin autorización judicial la sede de Herri Batasuna en Vitoria y no se desentenderá de los presuntamente implicados, según quienes le conocen a fondo. El vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, convocó ayer en La Moncloa una reunión de urgencia con los ministros de Defensa, Eduardo Serra, Interior, Jaime Mayor Oreja, y Justicia, Margarita Mariscal, para analizar la situación.

El descubrimiento de los cables -que partían del interior de la sede de Herri Batasuna, en el número 6 de la calle de Ramiro de Maeztu de la capital vasca, y llegaban hasta el piso superior- se produjo casualmente el pasado martes, cuando unos operarios procedían a sustituir la centralita.Al tirar de los cables, se oyeron "ruidos y carreras" en la vivienda situada encima del local, según responsables de HB, que aseguran haber visto a dos hombres de unos 30 años -uno de ellos, el inquilino habitual de la vivienda- salir precipitadamente a la calle con dos bolsas de deporte.

Los dirigentes de la coalición próxima a ETA presentaron una denuncia y la titular del juzgado de instrucción número 4, Blanca María Fernández Conde, ordenó el miércoles el registro del piso, de donde la comisión judicial se llevó diez cajas cargadas con equipos electrónicos e informáticos.

Fuentes próximas a la investigación, declarada secreta, aseguran que se ha encontrado también una nota con el nombre de uno de los ocupantes de la casa, por lo que previsiblemente no será difícil determinar si se trata de un miembro del servicio secreto.

Ayer por la mañana, un secretario del juzgado volvió a la sede de la coalición con un equipo técnico para realizar una inspección de la centralita y de las líneas telefónicas, que estaban todas ellas intervenidas.

Reunión en La Moncloa

Simultáneamente, el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, convocó una reunión de urgencia en La Moncloa con los titulares de Defensa, Interior y Justicia para analizar las derivaciones del caso. El Gobierno aparece dividido entre quienes consideran que el problema se circunscribe al Ministerio de Defensa, en el que está encuadrado el Cesid, y quienes piensan que se trata de un asunto de Estado, ya que afecta a la lucha antiterrorista.Algunos miembros del Ejecutivo se inclinan por ofrecer dimisiones inmediatas, empezando por la del director del servicio secreto, para evitar que la crisis desgaste al Partido Popular de cara a las elecciones vascas del 25 de octubre.

Otros consideran, sin embargo, que los ceses serían interpretados como un reconocimiento de la implicación del Cesid en un presunto delito y agregan que la oposición no se contentaría con el relevo de Calderón, sino que exigiría responsabilidades a más alto nivel.

En la reunión celebrada ayer en La Moncloa no se adoptó ninguna decisión, entre otras razones por la ausencia del presi dente José María Aznar, que se encontraba en Londres.

El diario Egin informó ampliamente del descubrimiento en sus ediciones del miércoles y jueves, pero el Gobierno y las fuerzas políticas no reaccionaron hasta que El Mundo se hizo eco ayer de la noticia, atribuyendo las escuchas al Cesid y asegurando que se vienen produciendo, desde 1992, sin conocimiento del Gobierno del PP ni del propio director del centro, Javier Calderón.

Expertos en el funcionamiento del servicio secreto calificaron de "descabellada" esta versión, dirigida a exonerar de responsabilidad al actual Ejecutivo y a presentar al Cesid como un organismo carente de todo control. Se da la circunstancia de que el único agente citado ayer por El Mundo es Emilio Jambrina, con quien el diario tiene un pleito particular pendiente en los tribunales.

Nota de Defensa

El Ministerio de Defensa difundió por la tarde una nota en la que anunciaba que, "respetando escrupulosamente la investigación judicial en marcha, a la que prestará toda la colaboración necesaria, ha abierto inmediatamente una investigación interna. Si de esta investigación resultara algún comportamiento irregular de agentes del servicio secreto" agregaba, "se tomarán las medidas oportunas, además de informar puntualmente al Parlamento".Quienes conocen a fondo al director del Cesid, Javier Calderón, aseguran que éste asumirá toda la responsabilidad si se demuestra la implicación del servicio secreto en las escuchas a HB y que en ningún caso derivará hipotéticas culpas hacia sus subordinados.

Fuentes del Ministerio de Interior admitieron ayer que el Cesid ha facilitado en los últimos meses información muy valiosa para la lucha antiterrorista, aunque agregaron que, "si se demuestra que no se ha respetado el Estado de Derecho, habrá que pedir responsabilidades". Quizá no por casualidad, el comando Araba de ETA es uno de los que más veces ha sido desarticulado por la Policía, la última de ellas hace sólo dos semanas, el pasado 19 de marzo.

Durante el verano de 1996, Defensa preparó el borrador de un proyecto de ley del Cesid que preveía la regulación de escuchas telefónicas, bajo control judicial, para prevenir amenazas a la seguridad del Estado, ya que la legislación vigente sólo permite la intervención de las comunicaciones en el curso de la investigación de un delito.

El Gobierno optó, sin embargo, por archivar el proyecto tras la polémica provocada por la ley de Secretos Oficiales.