Funcionarios maltratados
El articulo aparecido el pasado día 20 de marzo titulado Funcionarios maltratados me produjo, como trabajador penitenciario, un profundo malestar personal y profesional. El eximio director del CP Madrid 5 da todos los pasos necesarios para regresar a la demagogia fácil y torpe que se utilizaba en tiempos pretéritos para referirse a las cárceles y a los condenados que habían de purgar su pena en ellas.Por aquel entonces se utilizaba exactamente el mismo discurso que el improvisado articulista ha utilizado ahora:
1. Hace una declaración altisonante sobre su buena voluntad, y la de muchos, para erradicar el maltrato a los internos.
2. Se protege en el elevado número de funcionarios, y en las garantías procesales que ofrece la legislación penal, para justificar, si los hubiere, los malos tratos que antes quería erradicar.
3. Ensalza el sistema y la legalidad vigentes como los mejores de entre los posibles.
4. Exhibe las maldades de los internos (posible enemigo), haciéndoles responsables únicos de las situaciones de agresividad y violencia, y les aplica los medios coercitivos legítimamente, sin inmutarse, porque su conducta lo requiere y la Ley Orgánica General Penitenciaria lo permite.
5. Deslegitima al poder judicial, encargado de tutelar las actuaciones administrativas penitenciarias, cuestionando la validez de la denuncia que de un caso concreto ha efectuado el juez de vigilancia de Castilla y León.
6. Ensoberbecido, se atreve a poner en cuestión un órgano constitucional como es el Defensor del Pueblo, descalificando una recomendación que hace a la Administración penitenciaria, reputándola de poco sostenible.
Al final no sabemos si existen o no malos tratos en prisiones, porque la legislación penal no los erradica, los internos a lo peor se los merecen, la LOGP los permite, algunos jueces de vigilancia no son fiables para la Administración y, por añadidura, el Defensor del Pueblo hace recomendaciones que no conviene atender.
El artículo nos ha hecho un flaco favor a los penitenciarios que estamos plenamente comprometidos con nuestra profesión y con la democracia.
Los trabajadores de prisiones (funcionarios y personal laboral) no tenemos nada que ocultar ni sentimos la necesidad de justificar nuestra actuación profesional de otra forma que mediante el trabajo diario bien hecho. La sociedad debe implicarse en los asuntos penitenciarios, entrar en los centros y ayudamos a los profesionales a proporcionar oportunidades de integración social diferenciadas a los internos, un colectivo que se caracteriza mayoritariamente por no haberlas tenido antes de su ingreso en prisión.-
