Perote reclama su libre absolución y una indemnización de 30 millones

Jesús Santaella, defensor del coronel Juan Alberto Perote, condenado a siete años de cárcel por la sustracción de los papeles del Cesid, pidió ayer la absolución de su cliente o, en su defecto, la anulación del juicio militar e incluso de todo el proceso. El coronel reclama además una indemnización de 29.381.000 pesetas por "los daños morales y materiales" derivados de la prórroga ilegal de su prisión preventiva.

Durante tres horas y media, Santaella desgranó ante la Sala Quinta del Supremo -formada por su nuevo presidente, José María Ruiz-Jarabo, y otros cuatro magistrados- 14 motivos de casación contra la sentencia dictada el pasado 10 de julio por el Tribunal Militar Central, que de confirmarse supondría el reingreso en prisión de Perote y su expulsión de las. Fuerzas Armadas.El abogado insistió en que la presunta sustracción de los documentos secretos debió ser instruida por la jurisdicción ordinaria, como ocurrió en el caso del coronel Fernando Rodríguez González, condenado por las escuchas de La Vanguardia.

A continuación arrojó serias dudas sobre la imparcialidad del instructor del sumario, el juez togado Jesús Palomino, quien a su juicio no era el predeterminado por ley. Pese a ello, se vio obligado a reconocer que no prosperaron la denuncia por prevaricación y la recusación que planteó contra él y contra dos miembros del Tribunal Militar Central.

El hecho de que el presidente y el ponente de dicho tribunal hubiesen intervenido en la resolución de recursos durante la instrucción, por lo que podían estar "contaminados", le sirvió a Santaella para reclamar la repetición de la vista oral, que se celebró además a puerta cerrada, vulnerando el derecho a un juicio público. El letrado recordó que había fórmulas intermedias para salvaguardar la identidad de los agentes del Cesid que comparecieron como testigos, tales como el uso de mamparas o el desalojo del público durante algunas fases de la vista, sin negar "una de las garantías básicas del acusado".

Durante la vista, el letrado aprovechó para anunciar que ha solicitado a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, una indemnización económica para su cliente, en compensación por los nueve meses que estuvo irregularmente en la cárcel. La demanda se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo del año pasado que anuló el auto de prórroga de prisión preventiva de Perote, por haberse dictado fuera de plazo.

Aunque Santaella no quiso cuantificar la indemnización solicitada, ésta incluye 20 millones de pesetas por "daños morales"; 4.700.000, por minuta del letrado y procurador; 181.000 de gastos de viaje de sus familiares y 4.500.000 por pérdida de ingresos.