Un senador del PP se opone a que se autorice su procesamiento
El alcalde de Carballedo y senador por Lugo José Manuel Yebra Pimentel pidió ayer a la comisión de Suplicatorios del Senado que no conceda la autorización al Tribunal Supremo para que se le procese por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, según fuentes de la Cámara Alta.Las mismas fuentes aseguraron que Yebra argumentó que lo que se le imputa no es cierto -haber pagado con fondos municipales un autobús de las juventudes del PP para asistir a un acto electoral de Manuel Fraga- y que es víctima de una campaña política de desprestigio.
La comisión está presidida por el senador popular Francisco Cacharro Pardo, presidente de la Diputación de Lugo, quien recientemente ha protestado ante el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por las actuaciones del fiscal jefe de la Audiencia lucense, que investiga por malversación a varios alcaldes provinciales del PP.
José María Bris, alcalde de Guadalajara, que supuestamente habría cometido un delito de coacciones, y José Gutiérrez Ruiz, senador por Toledo e investigado por una posible negligencia en su actuación profesional como médico, pidieron a la comisión que autorice al Supremo para que les investigue.
La comisión nombró una ponencia integrada por los senadores Adolfo Fernández (PP), Salvador Capdevila (CiU) y Pedro Ardaiz (PSOE) que elaborará una propuesta de resolución para que la comisión emita un dictamen que se aprobará el próximo día 31 y que el pleno del Senado habrá de ratificar o rechazar definitivamente, en votación secreta, probablemente el 21 de abril.
Hoy, la Mesa del Senado admitirá a trámite, con toda probabilidad, una cuarta petición del Supremo, para proceder contra el senador del PP y presidente de la Diputación de Guadalajara, Francisco Tomey, al que se quiere investigar judicialmente por supuesta falsedad en documento público, ya que habría ocultado un déficit de 3.500 millones de pesetas mediante artificios contables, según las diligencias que la fiscal jefe de Guadalajara elevó al fiscal general y éste al Supremo.
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