El Colegio de Abogados expulsa a dos letrados sobre los que pesan condenas por estafar a clientes

El Colegio de Abogados de Madrid ha invalidado la colegiación de un abogado, Pedro Antonio Montero Marín, y expulsado a otro, Aldo Darío Herchhoren. Se trata de una decisión poco habitual. La semana pasada, el colegio "invalidó la colegiación" de Montero Marín, tras más de 16 años de ejercicio en el colegio madrileño. Invalidar su colegiación significa que este abogado jamás debió ejercer. Durante sus 16 años de ejercicio profesional, este abogado ha llevado asuntos de clientes que a la postre se han traducido en condenas de cárcel para él. No obstante, la invalidez de su ficha como colegiado se debe a que se afilió al colegio tras falsificar su certificado de antecedentes penales. Para ejercer de abogado es preciso carecer de antecedentes penales, pero Montero Marín ocultó ese hecho y logró entrar en la lista de abogados, según fuentes jurídicas.El colegio se dio cuenta de su chanchullo, pero no pudo invalidar su colegiación porque Montero recurrió a los tribunales. Tras muchos años de pleito, el Tribunal Supremo ha ratificado la vieja decisión del colegio de invalidar la colegiación de este letrado. Al menos tres jueces habían pedido ya al colegio madrileño que tomara medidas contra Montero Marín, quien sólo en 1997 recibió tres condenas judiciales por su actuación como abogado. La más fuerte, de seis años de cárcel, por falsedad y apropiación de dinero de clientes; y la última, de cuatro meses, por similares delitos.

Por otro lado, el Colegio de Abogados de Madrid también decidió hace meses expulsar a Aldo Darío Herchhoren, de 57 años, según fuentes jurídicas. Sin embargo, este abogado apeló al Consejo General de la Abogacía, que redujo la expulsión inicial a dos años sin ejercer de abogado. El colegio tiene pendientes aún otras "10 o 12 quejas sobre él", según estos medios. Sobre este abogado pesa ya una condena de un año de cárcel por falsificar una sentencia del Supremo para hacer creer a un cliente que había logrado reducirle una fuerte condena. En concreto, pidió dos millones a su cliente para, según le dijo, sobornar a un magistrado del Supremo. Todo era mentira.

Ahora, un juzgado de lo penal de Madrid le ha impuesto otros tres años de cárcel por algo parecido. Indicó a su cliente, encarcelado y pendiente de extradición, que si le facilitaba 10 millones sobornaría con ellos a un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y evitaría así la extradición. El cliente le entregó nueve millones, dinero que no ha vuelto a ver.