El fiscal investiga a un senador canario del PP por irregularidades urbanísticas

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias investiga al senador del PP Domingo González Arroyo por presuntas anomalías urbanísticas en el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura), del que es alcalde. La investigación parte de una denuncia, ante la Consejería de Política Territorial canaria, de Casto Martínez Berriel, arquitecto municipal del Ayuntamiento hasta el pasado mes de enero y afiliado al PP. El senador niega las imputaciones, dice que el arquitecto es un resentido y arremete contra la consejera de su partido María Eugenia Márquez, a la que tilda de incompetente.

El arquitecto asegura en un escrito presentado el pasado 27 de febrero ante la fiscalía que el senador popular ha establecido un procedimiento de concesión de licencias "incompatible con la legalidad vigente", le acusa de tráfico de influencias y dice que ha convertido la corporación en "un negocio privado". En la denuncia cita testimonios de ciudadanos que acudían a su oficina técnica, de la que era responsable, y le confesaban pagos ilegales al alcalde por diversas gestiones administrativas y licencias de construcción. La Oliva tiene 9.000 habitantes y es el municipio más extenso de los cinco de la isla.El alcalde y senador responde así: "No hay irregularidades urbanísticas. Este arquitecto está resentido porque pretendía que le renováramos su contrato al ser militante del PP. A los que tendría que investigar el fiscal por alguna de sus actuaciones están en la Consejería de Política Territorial. Creo que la carrera de mi compañera María Eugenia Márquez no avala su cargo político. Yo soy el alcalde desde hace 20 años con el voto de los pobres".

En su escrito ante el fiscal, Martínez Berriel afirma: "Por la oficina técnica pasa mucha gente diciendo que entrega tal o cual cantidad al alcalde a cambio de tal o cual gestión y que han pagado tasas por conceptos que la administración no cobra, como es el caso de las licencias de construcción de urbanizaciones que al ser al fin propiedad municipal no habrían de devengar pago alguno". El arquitecto enumera algunos casos concretos en que se pudieron producir pagos ilegales, uno de ellos de cien millones de pesetas. "Son todas ellas cifras de las que no puedo dar fe, pero sí puedo decir que circulan como ciertas y que los ciudadanos han hecho saber a esta oficina técnica", agrega.

Antes de dirigirse al fiscal, el arquitecto presentó en enero una denuncia administrativa ante la Consejería de Política Territorial, que dirige la popular María Eugenia Márquez. Y lo hizo tres semanas después de que le fuera rescindido su contrato eventual con el ayuntamiento. No obstante, Casto Martínez asegura que un mes antes de su destitución había denunciado verbalmente las irregularidades ante responsables de ese departamento. "Me despidió después de enterarse de mi primera denuncia", asegura.

La consejería trasladó aquella denuncia a la fiscalía. Juan Guerra Manrique de Lara, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirmó a EL PAÍS que ha abierto diligencias informativas y que si aprecia indicios de delito, instará al juez de instrucción a que incoe diligencias previas.

El alcalde y senador del PP tiene pendiente de resolución otra denuncia por desacato presentada en el Tribunal Supremo por un enfrentamiento entre la Policía Municipal y la Guardia Civil al quitar un precinto en una céntrica calle de la isla. Además de senador y alcalde de La Oliva, Domingo González es diputado del Parlamento de Canarias y presidente del PP en Fuerteventura.

El arquitecto Casto Martínez ha presentado al fiscal jefe de Canarias un listado de 25 expedientes sobre los que en 1997 se adoptaron, en su opinión, resoluciones injustas y contrarias a los informes técnicos.

En la denuncia, el arquitecto afirma: "El procedimiento administrativo establecido por el alcalde [es] incompatible a todas luces con la legalidad vigente y con la más rudimentaria organización administrativa. La corporación funciona como un negocio inmobiliario privado del alcalde o una oficina de gestión de servicios al margen de la administración".

El ex jefe de la oficina técnica asegura que, para otorgar una licencia, el alcalde del PP recibe primero al administrado en su despacho, "antes incluso del trámite de entrada", para lograr la posible intermediación en la compra del suelo o en la gestión de servicios particulares "en beneficio propio o poner en contacto a los agentes protagonistas del proceso edificatorio".

Según su relato, a continuación el expediente pasa a un control para averiguar si el administrado es deudor del Ayuntamiento. "De ser así, el expediente se paraliza hasta que éste pague su deuda. En mi opinión, una presunta coacción que trata de presionar al administrado para fines recaudatorios sin que ello tenga nada que ver con el objeto de la solicitud de la instancia".