Alcaldes de izquierda se 'descuelgan' del 112 para potenciar sus propios números de urgencias

Los alcaldes de los mayores municipios gobernados por la izquierda se han descolgado del teléfono de urgencias, el 112. Este número, puesto en marcha a principios de año por la Comunidad, pretende facilitar la comunicación entre los ciudadanos y los servicios de urgencia. Pero los responsables de Seguridad de once localidades han decidido dar la batalla al Gobierno con este delicado tema. Aseguran que el 112 puede retrasar las intervenciones hasta treinta minutos, envía equipos a calles que no existen o exagera incidentes sin importancia.

San Fernando, Alcobendas, Rivas, Fuenlabrada, Alcorcón, Móstoles, Mejorada, Torrejón, San Sebastián, Tres Cantos y Leganés acordaron el pasado jueves "no participar en el proyecto" del 112 y "adoptar las medidas necesarias para potenciar sus propios números telefónicos de urgencia", según un comunicado conjunto hecho público ayer.Por su parte, Luis Mallo, director general de Protección Ciudadana, cree que las manifestaciones de los responsables municipales se deben "a falta de información". Mallo afirma: "El 112 es una oferta atractiva, que agrupa más de 80 teléfonos de urgencia. Se puso en marcha siguiendo una directiva europea que obliga a unificar todos los teléfonos de urgencia. El 112 ahorra tiempo y funciona para toda la región. Los vecinos, con sólo marcar tres dígitos, tienen acceso a todos los servicios de urgencia. No tienen que estar pensando qué números deben marcar".

Los municipios mencionados analizaron el jueves la política de seguridad de la Comunidad. Consideran que "está aplicando el 112 en oposición a los teléfonos de emergencia municipales, que son los realmente capaces de dar respuestas rápidas y eficaces a los ciudadanos".

Deficiencias técnicas

Y añaden: "A los 100 días de la aplicación del proyecto, se constatan diariamente importantes deficiencias técnicas, que suponen multiplicar por cuatro el actual tiempo de respuesta a los requerimientos ciudadanos".Las medidas concretas que van a tomar estos municipios consisten en no enviar a sus agentes de policía a prestar servicio como operadores en la central del 112, tal y como se les pidió. El Gobierno reclamó operadores procedentes de los grandes municipios (principalmente policías locales) porque conocen bien el terreno.

Almudena González (IU), concejal de Seguridad de Torrejón (88.000 habitantes) afirma: "La Comunidad primero diseñó el proyecto y, a toro pasado, nos llamaron para pedirnos que enviásemos funcionarios a la central. Nos hemos negado porque estos puestos los deben cubrir con la plantilla regional. El 112 se creó para atender a los ciudadanos comunitarios que no hablasen español y a los pueblos infradotados. Pero ha asumido la coordinación de todas las urgencias sin contar con nadie". Y añade: "No conocen los municipios. Nos han llamado varias veces con direcciones que no eran de Torrejón".

Valentín Gómez (IU), de San Fernando (30.000 habitantes), pone otros dos ejemplos. "En Navidad, el 112 llamaron a la Policía Local avisando de una pelea multitudinaria, que luego -resultó ser una disputa acalorada entre dos vecinos. En otra ocasión, requirieron a Protección Civil para que interviniese en un accidente en Madrid", añadió. "Si un vecino tiene que sacar un coche atascado por otro aparcado en doble fila y llama al 112, cuando llegan los agentes ha tenido tiempo de montar en cólera", concluyó.

El concejal de Seguridad de Móstoles (196.500 habitantes), Carlos Taberneiro, de IU, no enviará a dos policías municipales porque, según dijo ayer, "un municipio no tiene que prestar personal a una empresa privada, aunque ésta atienda el servicio de emergencia".

La Policía de Alcorcón (142.000 habitantes) puede retrasarse en sus intervenciones hasta 30 minutos si los alcorconeros utilizan el teléfono de emergencias 112, según señaló ayer el director de servicios, Rafael Moro. El consistorio va a iniciar una campaña para recordar a los vecinos que el teléfono de la policía local es el 092.

Por su parte, el concejal de Seguridad de Getafe (143.000 habitantes), Antonio Alonso, del PSOE, decidió no acudir a la reunión citada por no considerarla relevante.