Un consejero del Gobierno valenciano tiene, desde 1988, 164 millones de pesetas en títulos fiscalmente opacos

Luis Fernando Cartagena, consejero de Obras Públicas del gobierno autonómico valenciano, es titular de depósitos financieros fiscalmente opacos por valor de 164 millones de pesetas desde 1988. Cartagena invirtió en, al menos, cinco cesiones de crédito de nuda propiedad que ofrecía el Banco Santander y nunca tributó por los beneficios obtenidos.En 1992, Miguel Moreiras, entonces responsable del juzgado de delitos económicos de la Audiencia Nacional, se hizo cargo del caso tras la denuncia presentada por la Agencia Tnibutaria. Cartagena, entonces diputado nacional, fue objeto de una pieza separada por su condición de aforado y sólo fue llamado a declarar como testigo. La juez Teresa Palacios, titular del juzgado de delitos monetarios desde noviembre de 1996, trasladó a finales de 1997 el expediente al TSJCV, única instancia autorizada para abrir juicio oral a un miembro del Consell de la Generalitat Valenciana, a instancias del fiscal después de recibir nuevos informes periciales que confirmaron indicios racionales de criminalidad en la actuación de Cartagena.

Los indicios racionales de criminalidad derivan de un informe pericial fechado en noviembre de 1996, que atribuye a Cartagena la titularidad de los depósitos a partir del rastreo del registro informático de la entidad. El responsable de Obras Públicas del gobierno valenciano siempre ha negado su relación con las cesiones de crédito de nuda propiedad y nunca ha cumplido con Hacienda.

Los escritos presentados en su día ante la Audiencia Nacional atribuían a Franciso Serrano Ibarra, un empresario ilicitano, la titularidad de tres tipos de activos financieros que se suceden en el tiempo: pagarés de financiación propia,cesiones de crédito de nuda propiedad y activos financieros mixtos, que se constituyeron cuando la nueva legislación cubrió el vacío normativo que dio origen al depósito fiscalmente opaco. Los peritos judiciales afirman taxativamente que "quien figura como titular de los mensajes de las cesiones de crédito declaradas por el banco a nombre de Serrano Ibarra no es éste, sino Cartagena".

Cartagena renunció al acta de diputado nacional para presentarse en las últimas municipales y autonómicas en mayo de 1995. Cuando la juez Palacios rescató la causa por presunto delito fiscal compareció ante la asamblea regional, negó toda vinculación con los depósitos financieros y afirmó que renunciaría al cargo si llegaba a ser imputado. Una declaración que matizó después para explicar que sólo dimitiría si el juez opta por abrir juicio oral y sentarle en el banquillo.