La ley de la Competencia obligará a las empresas a informar de las fusiones

Las empresas estarán obligadas a informar al Gobierno cuando aborden procesos de fusiones para que pueda calibrarse el impacto de estas uniones en los niveles de competencia. Así lo establece el borrador de proyecto de ley de la Competencia que el Ministerio de Economía ha redactado y que puede estar aprobado al finalizar el presente año.

Además, el Instituto de Defensa de la Competencia, de nueva creación, controlará las ayudas públicas a las empresas para que no perturben la competencia. El Gobierno reforzará las funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) que actuará con más autonomía.

El objetivo del Gobierno al crear el Instituto de Defensa de la Competencia como órgano independiente es reforzar las tareas hasta ahora llevadas por el Servicio de Defensa de la Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia. El primero dejará de depender de Economía y el Tribunal, aunque orgánicamente pase a depender del Instituto, operativamente gana autonomía.

El Gobierno lo tramitará como proyecto de ley y su objetivo final es garantizar una mayor autonomía e independencia en las decisiones que afecten a la competencia. El borrador deberá someterse a los trámites pertinentes hasta su aprobación (Consejo de Estado, subsecretarios, Consejo de ministros y Parlamento).

La mayor autonomía que tendrá el Servicio de Instrucción permitirá dotarle de mayores medios económicos y humanos, según Economía. El Tribunal de Defensa de la Competencia, en la actualidad presidido por Amadeo Petitbó, se convertirá en el elemento central del nuevo modelo y contará con 12 vocales frente a los nueve actuales. A los vocales los nombrará el Gobierno entre juristas, economistas y otros profesionales de prestigio con más de 12 años de experiencia profesional. Los vocales nombrarán al presidente. El nombramiento de vocales será por un periodo de cinco años renovable una sola vez.

Arbitraje

Uno de los aspectos que tocará el nuevo proyecto de ley es el relativo a las concentraciones de empresa. Ahora existe el sistema de notificación voluntaria cuando dos empresas deciden fusionarse. Con la nueva ley será obligatoria esta comunicación. El presidente de Instituto de Defensa de la Competencia pedirá un informe al TDC no vinculante que será elevado al Consejo de Ministros, lo que supone un control mucho mayor que el actual porque se calibrará la repercusión para el sistema de competencia. No se ha delimitado el umbral que obligará a hacer esa comunicación.Además, se vigilará con mayor detenimiento las ayudas del Estado a las empresas públicas. Hasta ahora el TDC emitía informes a petición de Economía. Con la nueva ley, cualquier administración pública podrá pedir este informe que se elevará al Gobierno.

Otra potestad que tendrá el Servicio será la de arbitraje, lo que puede evitar que se abra expediente cuando una empresa denuncie a otra y que la cuestión se eleve hasta el Tribunal.