El PP frena la reforma del Senado en la que CiU quiere consagrar los "hechos diferenciales"

El PP ha decidido frenar la reforma que hará del Senado una Cámara territorial y no descarta su aplazamiento hasta la próxima legislatura. La iniciativa del PP, que goza de mayoría absoluta en el Senado, de que comparezcan en la ponencia de reforma cuatro de sus presidentes autonómicos, contrarios a la propuesta del dirigente de CiU y vicepresidente de la Cámara, Joan Rigol, sobre la introducción de los hechos diferenciales en la Cámara reformada es la última expresión de este frenazo. Joaquim Ferrer, portavoz de CiU, que ha asumido el bloqueo, cree que el PP "necesita tiempo porque no tiene un modelo". Juan José Laborda, del PSOE, mantiene que "el PP quiere hacer imposible la reforma".

La última sesión de la ponencia de la reforma del Senado, celebrada el pasado 3 de marzo, reveló no sólo la imposibilidad de cumplir el calendario propuesto por sus miembros de cerrar un proyecto para finales de febrero sino, además, el interés del PP por dilatar el proceso. Su portavoz, Pío García Escudero, propuso, con éxito, que cuatro presidentes de comunidades autónomas, gobernadas por el PP, comparezcan en la ponencia para opinar sobre la propuesta del vicepresidente de la Cámara y dirigente de CiU, Joan Rigol, sobre los hechos diferenciales. La propuesta de Rigol, que cuenta con el respaldó de Jordi Pujol, pretende que las nacionalidades -Cataluña, Euskadi y Galicia- puedan recurrir al Tribunal Constitucional, con veto suspensorio incluido, ante proyectos de ley que afecten a sus señas de identidad a cambio de aceptar su presencia en una Cámara multilateral. Algunos presidentes autonómicos y el propio presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero, reaccionaron en contra de la propuesta por considerarla discriminatoria.

Zaplana, con Cascos

Precisamente, los cuatros presidentes autonómicos que han solicitado comparecer en el ponencia de reforma del Senado se han opuesto a la propuesta de Rigol. Se trata del presidente de Navarra, Miguel Sanz; de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; de La Rioja, Pedro Sanz, y de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana. Este último, que mantiene una posición muy beligerante, se reunió ayer en La Moncloa con el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos. A la salida de su reunión, Zaplana reiteró su oposición a la propuesta de Rigol porque, dijo, "sitúa a la Comunidad Valenciana en segunda división". Admitió su petición de comparecer urgentemente ante la ponencia del Senado para "no llegar tarde al debate" de la reforma. Zaplana, que cuenta con un mandato unánime de las Cortes Valencianas, ha manifestado que su autonomía es "una nacionalidad histórica y eso no está sujeto a ningún tipo de discusión ni de interpretación" y que "en la transición, la Comunidad Valenciana no fue tratada como tal y eso no se puede repetir".Mientras tanto, el autor de la polémica propuesta, el vicepresidente del Senado, Joan Rigol, guarda silencio a la espera de que le reciba el presidente José María Aznar, quien ha accedido a entrevistarse con él, aunque sin fecha. Rigol, que cuenta con el apoyo expreso de Jordi Pujol, cree que la reforma necesita de un acuerdo entre los líderes de los principales partidos para superar el bloqueo.

El portavoz del PSOE y ex presidente del Senado, Juan José Laborda, es de la misma opinión que Rigol y ha propuesto que el propio Aznar acuda a la ponencia a explicar su actitud ante la misma. A juicio de Laborda, la comparecencia de cuatro presidentes autonómicos, del PP, contrarios a la propuesta de Rigol para exponer su posición contraria a los hechos diferenciales va a "hacer imposible la reforma" porque aún "la ponencia ni siquiera ha entrado en ese tema". "El PP encontrará en sus presidentes autonómicos el pretexto para endurecer sus posiciones", añadió. Laborda cree que los presidentes autonómicos podrían acudir, pero una vez que la ponencia fije posición sobre los hechos diferenciales. Esa misma posición la mantienen Coalición Canaria e Izquierda Unida.

Según Laborda, "el PP no quiere aventurarse con la reforma del Senado porque al tener la mayoría absoluta no quiere complicaciones". A su juicio, el PP tampoco quiere una Cámara territorial en la que las provincias pierdan peso porque "sus jefes provinciales podrían quedar desplazados". Sin embargo, el portavoz socialista la cree "necesana y urgente" porque "un Estado de las autonomías tan desarrollado como el español no puede gobernarse desde el Ministeno de Administraciones Públicas; necesita de una Cámara territorial".

Pío García Escudero, portavoz del PP, insiste en que más importante que cumplir plazos es "asegurar la reforma" sin prisas. Hasta ahora, la ponencia ha consensuado las funciones del Senado como Cámara territorial; ha comenzado el debate sobre la manera de elegir los senadores y su composición, cuyo debate está bloqueado, y está pendiente de discutir la representación de los hechos diferenciales.

Al senador Joaquín Ferrer, de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), no le parece mal el plazo de respiro para que los convergentes catalanes unifiquen sus posiciones. CDC -partido coligado con Unió Democrática de Catalunya (UDC), que preside Rigol- ha abierto un debate interno para introducir nuevos ingredientes. El PNV está a la expectativa.