El alcalde de Rivas insiste en que no fue un error pagar a los gitanos para echarlos

El alcalde de Rivas, Fausto Fernández, de IU, asegura que "no fue un error" pagar 12.000 pesetas a cada uno de los 157 inmigrantes rumanos que vivían en un poblado chabolista de su municipio para que se marcharan de la localidad. Fernández pagó un total de 1,9 millones de pesetas a los 157 rumanos (100 de ellos, niños menores de 12 años). Con ese dinero debían costearse el éxodo a otra parte.

El alcalde cree que los inmigrantes rumanos, de etnia gitana, se han marchado a Lyón (Francia), a unos albergues que existen en esa ciudad gala y que se financian con fondos europeos. Su forma de desmantelar el poblado chabolista ha sido muy criticada por la diputada Virginia Díaz, de su misma coalición política, y por la organización no gubernamental SOS Racismo. Díaz señaló, que IU no compartía la acción del alcalde de Rivas. Éste, sin embargo, no se arrepiente: "Teníamos un problema y lo hemos solucionado de una forma limpia; además, ellos querían irse", explicó Fernández el pasado viernes, coincidiendo con el éxodo de los últimos gitanos. Respecto a las críticas de su compañera en IU, señaló: "La diputada habla por sí misma y no representa el criterio de todo el partido".Fernández intentó justificar su acción en "la situación de odio que existía entre los gitanos y los vecinos" fruto de un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y los inmigrantes ocurrido el pasado 26 de febrero. "Los gitanos se liaron a tirar piedras a los coches que pasaban por la autovía de Valencia [que discurre pegada al asentamiento] sin motivo alguno", declaró el alcalde.

Los inmigrantes indicaron que el incidente surgió porque la Guardia Civil agredió a uno de ellos al intentar detenerle. El enfrentamiento acabó con tres heridos leves: un rumano, un policía local y el empleado de una gasolinera próxima al poblado. "La noche del incidente", afirma el alcalde, "hubo algunos vecinos que quisieron ir a sus casas a por las escopetas para tomarse la justicia por su mano, pero les disuadimos". Fue entonces cuando Fernández se propuso acabar con "el problema". Convocó una comisión de gobierno municipal y aprobó pagarles cerca de dos millones de pesetas de los fondos sociales municipales para que abandonaran la localidad. Así lo hicieron y el viernes ya no quedaba un alma en el poblado.