El PSOE pide un juez de vigilancia para garantizar los derechos de los inmigrantes

Una proposición no de ley, presentada por las diputadas socialistas Mercedes Aroz y Matilde Fernández, propugna la creación de un juez de vigilancia para los centros de internamiento de extranjeros en España, con las mismas funciones que los de vigilancia penitenciaria y cuya misión, por tanto, debe consistir en velar por los derechos de los inmigrantes ilegales que estén pendientes de expulsión. Según Mercedes Aroz, "la situación de los extranjeros internados, simples infractores administrativos, reúne a veces peores condiciones que los que cumplen condena en una prisión".

Además de la creación de un juez de vigilancia, la proposición socialista solicita que el Gobierno presente, en el plazo de dos meses, un informe sobre la situación actual de los centros de internamiento. El estudio debe contener los datos sobre capacidad de los centros, promedio de personas internadas, periodo medio de estancia y proyectos -de existir- de construcción de nuevas instalaciones.Dice Mercedes Aroz que durante una reciente visita al centro de internamiento de extranjeros de Barcelona comprobó que -aun estando en aceptables condiciones- no disponía de patio al aire libre: "Una persona que llevaba allí unos 30 días esperando su expulsión no había disfrutado del sol durante ese tiempo; algunos están peor que en las cárceles".

El PSOE exige igualmente que se desarrolle de forma urgente el artículo 113 del decreto 155 / 96, que rige el funcionamiento de los centros. A este respecto, la diputada Aroz hace hincapié en que "no se trata de modificar la normativa, sino de desarrollar la que ya existe".

Información del consulado

De ahí que el PSOE solicite que se facilite, entre otras cosas, el derecho constitucional de los inmigrantes a defenderse, "dando facilidades por parte del centro para que los internos se comuniquen con los abogados e intérpretes".También, según recoge la proposición no de ley, el consulado, los familiares o, en su caso, las personas que el interno designe deberán ser informados puntualmente de su situación. "Se velará", continúa, "por el cumplimiento efectivo del derecho de información oral y escrita, en el idioma del interno u otro comprensible para él, sobre sus derechos, situación y régimen del centro".

En cuanto a las comunicaciones, cada interno -reza la propuesta socialista- deberá tener derecho "a enviar y recibir correspondencia, así como a comunicar telefónicamente". Cada centro de internamiento tendrá que disponer de unos horarios de visitas, así como de instalaciones adecuadas para que los extranjeros allí confinados puedan "comunicarse con familiares y amigos o con representantes diplomáticos y de organizaciones no gubernamentales".

Los centros, por otra parte, deben ser considerados como albergues, "disponer de las condiciones de habitabilidad y sanitarias suficientes y adecuadas, y tener consideración de los hábitos alimenticios y de las prescripciones religiosas siempre que sea posible".