El PP reprocha al PSOE que no haya asumido responsabilidades políticas

El PP y el PSOE coincidieron ayer en su intención de no hacer comentarios oficiales sobre el auto del Tribunal Supremo que rechazó la prescripción de los delitos del caso GAL. Ambos partidos abogaron por dejar trabajar sin presiones a los jueces. Portavoces aislados de las dos formaciones, sin embargo, sí matizaron sus posturas, especialmente el diputado del PP Andrés Ollero, que reprochó a los socialistas no haber asumido "en su momento" las responsabilidades políticas. IU y PNV valoraron que la imagen de la justicia se veía reforzada.

En el PP optaron ayer por cumplir casi a rajatabla la consigna de la dirección del partido de no comentar y respetar las decisiones judiciales. Así lo recordó la propia ministra de Justicia, Margarita Mariscal, durante una conferencia en Oviedo. En igual sentido se expresó el titular de Interior, Jaime Mayor Oreja, que hizo unas breves declaraciones a los periodistas antes de participar como comentarista del Barça-Real Madrid en una cadena de radio. Tras asegurar que "todas las actuaciones de la Justicia tienen el respeto del Gobierno", afirmó que no tenía nada que decir, "ni de elogio ni de crítica, respecto a la decisión del Supremo, ya que en su opinión el acatamiento a las resoluciones judiciales se debe demostrar de forma "plena y rotunda".Pese a ello, sí hubo responsables del PP que introdujeron sus matices. El portavoz de Justicia, el diputado Andrés Ollero, aprovechó para subrayar que aunque siempre es aconsejable que los tribunales trabajen "libres de toda presión política" en el caso Marey iba a ser difícil porque el PSOE "no asumió en su momento las responsabilidades políticas por las personas afectadas".

Tanto Andrés Ollero como Ignacio Gil Lázaro, el portavoz popular de Interior, evitaron hacer declaraciones específicas sobre la decisión del Supremo. Ollero sí destacó, no obstante, que es "urgente depurar las responsabilidades políticas" porque cree que hechos de este tenor afectan a la confianza que los ciudadanos tienen en los políticos".

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Gerardo Galeote, indicó que la decisión del Supremo sería "beneficiosa para la sociedad española" y mostró su confianza en que "todo el procedimiento judicial aclare definitivamente lo que, sin duda, es un elemento muy negativo de nuestra reciente historia".

El portavoz oficial de la ejecutiva del PSOE, Alfredo Pérez Ru balcaba, se limitó ayer a resaltar que el partido "acata y respeta el auto del tribunal sin hacer declaraciones porque queremos dejar trabajar libremente y sin interferencias a los jueces, aunque aguardamos que al final se demuestre la inocencia de Vera y Barrionuevo".

Por parte socialista, el también diputado Joaquín Leguina, miembro de la Ejecutiva Federal, remachó ayer que su partido sigue teniendo claro que el ex ministro del Interior y actual diputado José Barrionuevo, y el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, son inocentes de los cargos en los que están procesados. Leguina mostró su preocupación por la posibilidad de que ambos sean condenados sin pruebas. Leguina, sin embargo, valoró "las largas discusiones jurídicas" del Tribunal porque "son un indicio de que las cosas no están claras".

La decisión del Supremo sí mereció comentarios por parte de otras fuerzas políticas, como IU, cuyo coordinador general, Julio Anguita, resaltó que con ella se produce "un alivio para el estado de Derecho". En su opinión, se ha dado un primer paso para "eliminar" las "lacras" que pesan en la lucha contraterrorista, con una solución "digna y coherente".

El portavoz parlamentario del PNV, Iñaki Anasagasti, consideró muy positiva la decisión del Supremo, sobre todo por su repercusión en la imagen del Estado de Derecho y por lo que supone de hacer una Justicia "solvente" al rechazar "alegaciones cogidas por los pelos". El dirigente nacionalista vasco se mostró convencido de que continuará la presión política y de que "harán lo posible por condicionar a los tribunales", si bien destacó que hasta el momento los magistrados están actuando con "imparcialidad y serenidad".

El líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, comentó al respecto que "es positivo que todo lo que haga referencia al caso GAL tenga una sentencia definitiva y se llegue hasta las últimas consecuencias porque esto permitirá acabar con esta cuestión y pasar una página de un momento de la historia difícil de estos últimos tiempos".

Por su parte, Segundo Marey declaró ayer que sentía más tranquilo, relajado, satisfecho y agradecido tras la actuación del Supremo, que consideró por otro lado "natural" puesto que él fue secuestrado y entiende que los responsables deben ser juzgados. Su abogada, Olga Tubau, apuntó con "una gran alegría" que el acuerdo del Supremo es "el primer paso" para que Marey pueda volver "a confiar en los tribunales".

Manuel Murillo, defensor del ex jefe del Mando único de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez, señaló por su parte que la decisión del Supremo es "menos mala", ya que no ha rechazado de entrada la prescripción.

El ex policía José Amedo, procesado por el secuestro de Marey, calificó la decisión del Supremo de "correcta" y añadió que tiene "muchas ganas" de verse las caras con alguno de los procesados en el caso "y ver su talante y su gallardía en ese momento". Amedo reiteró que deparará algunas "sorpresas" cuando comience el juicio.