El Tribunal Supremo examinará hoy si los delitos del 'caso GAL' han prescrito

La Sala Segunda del Tribunal Supremo examinará hoy, en vista pública, las cuestiones previas al juicio sobre el secuestro de Segundo Marey, primera acción atribuida a los GAL en el que están procesados el ex ministro del Interior José Barrionuevo, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, y otros 10 altos cargos y funcionarios policiales. El tribunal estará integrado por 12 magistrados, que tendrán que pronunciarse principalmente sobre la eventual prescripción de los delitos de pertenencia a banda armada, detención ilegal y malversación de caudales públicos.

Las defensas sostienen que estos delitos habrían prescrito al haber transcurrido más de 10 años desde la fecha de los hechos, en tanto que el fiscal aduce que el plazo de prescripción es de 15 años para el delito más grave, el del secuestro de Segundo Marey, y el plazo opera respecto a los otros delitos, conexos con el anterior.

Otra de las cuestiones previas que hoy plantearán algunos de los letrados, aunque de menos interés para el proceso, es la declinatoria de jurisdicción para que se plantee ante el Tribunal de Cuentas la posible responsabilidad civil por el delito de malversación de fondos públicos.

El Supremo también tendrá que pronunciarse sobre la falta de autorización para proceder, alegada por el ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal, quien invoca la aplicación del artículo 102 de la Constitución. Según su tesis, la acusación de pertenencia a banda armada debió de ser planteada por iniciativa de una cuarta parte de los diputados del Congreso.

Al tratarse de un sumario ordinario, a la sesión asistirán sólo los letrados, sin que los procesados tengan que estar sentados en el banquillo. A la vista de la extensión de los informes y el número de letrados, la vista previsiblemente se prolongará en sesión de tarde e incluso puede continuar el sábado.

Nulidad de actuaciones

Al margen de la decisión del alto tribunal sobre la prescripción, la nulidad de actuaciones alegadas por todos los defensores será examinada cuando dé comienzo la vista oral del proceso, previsiblemente antes del verano. La Sala deberá examinar entonces si la instrucción del juez Baltasar Garzón fue imparcial y si este magistrado no retrasó injustificadamente el envío del sumario al Tribunal Supremo.El fiscal del caso, José María Luzón, se opondrá hoy a todas las pretensiones planteadas por los defensores de los acusados. Luzón pide penas de 23 años de cárcel para José Barrionuevo y Rafael Vera; 22 para Julián Sancristóbal; 21 Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo, y 16 para Ricardo García Damborenea.

El fiscal del Tribunal Supremo reclama asimismo 12 años de prisión para José Amedo y ocho para cada uno de los procesados Míchel Domínguez, Julio Hierro, Francisco Sáiz, José Ramón Corujo y Luis Hens.