El juez impone una fianza de 4.080 millones de pesetas a 'los Albertos' por el 'caso Urbanor'

Ramiro Ventura, titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, que investiga la venta de Urbanor (terrenos de la plaza de Castilla de Madrid donde se construyeron las torres inclinadas) al grupo kuwaití KIO, ha dictado el auto de apertura de juicio oral en el que acusa a Alberto Cortina, Alberto Alcocer, Alvaro Álvarez y Rafael Montes. El juez les ha impuesto una fianza solidaria de 4.080 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil. Los cuatro imputados están acusados de un delito de falsedad en documento mercantil.

El juez imputa a los primos Cortina y Alcocer y a Álvarez y Montes un delito de falsedad como medio para cometer otro de apropiación indebida. Urbanor fue adquirida por el grupo kuwaití KIO. Esa sociedad fue la que gestionó la construcción de las ahora conocidas como Torres de KIO, también conocidas como Puerta Europa, en la madrileña Plaza de Castilla.En el auto, el magistrado Ramiro Ventura considera responsables civiles subsidiarias para la prestación de la fianza a las sociedades Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), dirigida en el momento en el que ocurrieron los hechos por los Albertos, y Corporación Financiera Ibérica, compañía filial y participada al 100% por Construcciones y Contratas. FCC está ahora dirigida por Esther y Alicia Koplowitz, ex esposas de los primos.

Los hechos presuntamente delictivos tuvieron lugar en enero de 1988, fecha en la que se materializó la venta de la sociedad Urbanor al grupo Kuwait Investment Office (KIO).

Durante el año anterior, Alberto Cortina y Alberto Alcocer entraron en el accionariado de la sociedad que tenía los terrenos de Plaza de Castilla mediante una ampliación de capital, haciéndose con el 40%, mientras que una sociedad domiciliada en Panamá, denominada Horwitz Corporation, se hizo con el 14%.

Esta última sociedad estaba representada por los otros dos imputados, pero el fiscal sostiene en su escrito de acusación que realmente estaban controloda por los dos primos. Estos dos últimos negociaron en Londres con KIO la venta de Urbanor y, según el fiscal, comunicaron a los pequeños accionistas un precio de la operación que realmente fue superior.

La diferencia entre el precio real y el precio que dijeron a los accionistas minoritarios se lo quedaron Los Albertos, según el fiscal. Esta diferencia está valorada en 4.084 millones de pesetas.

La causa será trasladada a la Audiencia Provincial de Madrid para que la Sección Séptima prepare la celebración del juicio oral.