Crónica de una apropiación confirmada

Cuando José Jiménez Villarejo se hizo cargo de la presidencia de la Sala Segunda del Supremo, a mediados de diciembre pasado, heredaba asuntos de relevancia: el recurso de Mario Conde contra la sentencia de seis años de prisión por el caso Argentia Trust y el secuestro de Segundo Marey por los GAL.Jiménez Villarejo se llevó en las navidades los dos casos a su casa. Su primera cita era el caso Argentia Trust. El nuevo presidente sería ponente en este asunto. Inmediatamente, decidió otra cosa: la sala de magistrados debía ser de cinco miembros, en lugar de tres. Esta posibilidad es contemplada en la ley, pero sólo para casos de condenas importantes.

No obstante, Jiménez Villarejo decidió que la trascendencia del asunto exigía una nutrida representación de la Sala Segunda. De regreso de las vacaciones, comenzó a actuar. El día 12 de enero tomó la sala con los cinco magistrados que, según el turno, correspondía. Aparte de él mismo, serían miembros Luis Román Puerta, Gregorio García Ancos, Ennque Bacigalupo y Cándido Conde-Pumpido, hijo.

También adoptó otra decisión. En el recurso de casación se había incorporado un documento enviado por iniciativa del juez José Emilio Coronado, titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid. Se trataba de una carta de Peter Cosandey, fiscal jefe del distrito IV del cantón de Zúrich (Suiza). En ella decía que Conde no figura entre los beneficiarios de la cuenta de Argentia Trust, la sociedad a la que el ex banquero hizo pagar en agosto de 1990 los 600 millones de la discordia.

La carta fue unida administrativamente al recurso. Por orden de Jiménez Villarejo, el documento fue trasladado al abogado Antonio García-Pablos, que defendía a Conde en el recurso de casación, para su comentario. El letrado, sabiendo que ese documento era más propio de un recurso extraordinario de revisión, dejó vencer el plazo y no hizo alegaciones. Jiménez Villarejo dio orden de devolver, mediante providencia, el documento al juez Coronado.

Pero con la composición de la sala surgió un problema. Cándido Conde-Pumpido anunció su decisión de abstenerse. El ser hijo deCándido Conde-Pumpido Ferreiro, ex fiscal del Tribunal Supremoy letrado del Fondo de Garantía de Depósitos en el caso Banesto, le llevó a apartarse. Fue sustituido por Joaquín Martín Canivell. La secretaría de la sala anunció que la vista del recurso de casacion se celebraría el 11 de febrero.

Por fin, el miércoles 11 de febrero, tras una vista que comenzó a las 10.40 y terminó a las 14.50, los cinco magistrados de la sala se reunieron a deliberar. No era el primer intercambio, pero sí el más formal. Estuvieron encerrados hasta las ocho de la tarde. La idea de los cinco era coincidente: la sentencia de Argentia Trust dictada por la Audiencia Nacional era correcta en el delito de apropiación indebida.

La mayoría se mostró favorable a anular el delito de falsedad en documento mercantil. En la sesión, Luis Román Puerta, que había firmado la sentencia de Filesa en octubre de 1997 por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, no habló de presentar un votó particular sobre la falsedad. Sus colegas pennsaron, pues, que la nueva sentencia de Argentia Trust por apropiación indebida, sin falsedad, sería aprobada por unanimidad. En aquellos días de febrero, la idea era condenar a Mario Conde por apropiación indebida a una pena de prisión de cinco años. Hubo deliberaciones parciales. El 23 de febrero, 10 días después de celebrada la vista, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habría nueva sentencia. Pero el lunes 11 Luis Román Puerta anunció que presentaría voto particular en relación con la falsedad en documento mercantil. Era cantado. Cuatro meses antes, había aplicado ese delito en Filesa.

Se le dio plazo hasta el miércoles 25 de febrero para anunciar ese mismo día la sentencia y el voto particular. El ponente, Jiménez Villarejo, sabía, porque ya era público, que el jueves 26 habría sentencia en el caso Roldán. No quería mezclar ambos casos, aunque no fuera más que por egoísmo. Nopudo ser. El voto particular tardó en llegar.

La apropiación indebida en el caso Argentia Trust fue objeto de acuerdo entre los magistrados desde el primer momento. La posición del fiscal Manuel Villanueva originó desconcierto. Sostenía que Conde cometió apropiación indebida, pero apoyó a Conde pidiendo la aplicación del artículo 295, sobre administración desleal, más benigno para el reo. La pena podía ir de seis meses a cuatro años de prisión o multa.

Conde esperaba la multa. Pero la idea de la administración desleal no tuvo la más mínima posibilidad de prosperar. La vista de un recurso difícilmente servirá alguna vez para modificar una situación determinada. Pero la del 11 de febrero, en la que García-Pablos desvirtuó exageradamente la sentencia de la Audiencia Nacional, tuvo un efecto muy negativo. Tanto por el papel del fiscal Villanueva como por el del letrado defensor.

[Lourdes Arroyo, esposa de Mario Conde, declaró ayer a El Mundo que el matrimonio se planteará vivir fuera de España "cuando acaben los juicios". "Cuando todo esto pase, me gustaría que nos planteáramos vivir fuera de España", afirma. "Es un país tremendo, durísimo"].