Roldán, condenado a 28 años de cárcel

Nueve meses después del comienzo del juicio del caso Roldán, la Audiencia de Madrid ha condenado al ex director de la Guardia Civil a 28 años de cárcel por malversación de caudales públicos, estafa, cohecho continuado y cinco delitos contra la Hacienda Pública, por los que le han sido impuestas además una multa de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al Fisco de 957 millones.Junto a Luis Roldán, de 54 años, ha sido condenado su testaferro, Jorge Esparza Martín, que deberá cumplir nueve años de prisión por malversación y un delito continuado de cohecho y abonar una multa similar e indemnizar al Estado con 578 millones. La esposa del ex director de la Guardia Civil, Blanca Rodríguez-Porto, ha sido condenada a cuatro años por un delito de encubrimiento y otro contra Hacienda.

Los procesados Elisa Rodríguez López, ex compañera sentimental de Roldán; Agustín Blázquez, José Herminio Lastra y Jorge Prieto Pardina han sido absueltos al haber prescrito sus delitos. El general Manuel Llaneras, brazo derecho de Roldán durante sus siete años al frente del instituto armado, fue absuelto de prevaricación y tráfico de influencias.

El tribunal ha acordado que se investigue a Francisco Paesa, ex agente del Ministerio del Interior en la etapa socialista, por presunto delito de encubrimiento al haberse acreditado que ayudó a Roldán a ocultar 1.700 millones en Suiza. El fallo destaca que Roldán mintió al asegurar que había devuelto esa cantidad y dice que se perdió la pista del dinero en un banco de Singapur. Los abogados de los tres condenados han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Supremo. Los fiscales también recurrirán, previsiblemente, los casos de prescripción y la absolución de Llaneras. El caso Roldán fue desvelado el 2-3 de noviembre de 1993 por Diario 16, provocando la destitución del entonces director general del instituto armado.

Enriquecimiento ilícito

La sentencia, de 341 folios, rechaza el argumento del principal acusado de que el dinero que guardaba en sus cuentas suizas eran fondos destinados al PSOE y asegura que el ex director de la Guardia Civil "aprovechó su cargo para enriquecerse de manera totalmente ilícita y delictiva" mediante el cobro de comisiones de obras, la estafa a los constructores y la malversación de los fondos reservados de Interior. Asimismo, el fallo asegura que el condenado recibió, a partir de 1990, sobresueldos de cinco millones al mes por parte de la Secretaría de Estado para la Seguridad y con cargo a los fondos reservados. Esa cantidad se elevó a 10 millones desde 1991 hasta su destitución. Rafael Vera era entonces el secretario de Estado de Interior.El ex director de la Guardia Civil conoció el fallo en la nueva sede de la Audiencia Provincial de Madrid, adonde acudió a las once y media de la mañana con su abogado. No se permitió el acceso a la sede judicial a los numerosos periodistas que rodeaban el edificio, al que entró el procesado en un vehículo policial. "Ha recibido la sentencia con tranquilidad, porque está convencido de que más tarde o más temprano en este país habrá un sitio para que se le haga justicia", señaló su abogado, Eugenio Rubio, que agregó que su cliente confía "en que con el recurso al Tribunal Supremo se pondrán las cosas en su sitio".

El que sí dio la cara fue Jorge Esparza, ex director comercial de la constructora Huarte, que se enteró de su condena en presencia de los numerosos periodistas que le rodeaban. "No puede ser, no puede ser", dijo con evidentes signos de preocupación. Tanto Esparza como Roldán serán juzgados de nuevo el próximo 25 de marzo en Pamplona en el sumario por la trama navarra del caso Roldán. Además, el ex director de la Guardia Civil tiene pendientes dos procesos más por el desvío de fondos reservados de Interior y por el secuestro del miembro de los GRAPO Jesús Cela Seoane a manos de los Grupos Omega de la Guardia civil.

El rostro de Esparza contrastaba con los de aquéllos a quienes ha salvado la campana de la prescripción. El general Llaneras también sonrió. "Se ha hecho justicia", declaró con satisfacción su letrado.

En el capítulo de hechos probados el tribunal asegura que Roldán desarrolló "una incesante actividad delictiva amparado en su cargo público con la finalidad de enriquecerse ilícitamente". Así, "se apropió de fondos públicos destinados a fondos reservados; exigió y obtuvo, de las empresas constructoras el pago de elevadas comisiones a cambio de adjudicaciones de obras de la Guardia Civil; consiguió de otras empresas, mediante engaño, el pago de determinadas sumas para la prestación de unos supuestos servicios de seguridad que nunca se llegaron a efectuar, ocultó el considerable patrimonio a la Hacienda Pública; creó una sociedad, Europe Capital, para cobijar en ella parte de sus ilícitas ganancias y se valió, a través de otros procesados, de una mecánica de ocultación de las mismas, en España y en Suiza, para mantener su opacidad".

El tribunal destaca la eficaz colaboración en esta tarea de Esparza, "quien, con pleno conocimiento de su origen, se encargó de gestionar los cheques y el dinero en que se instrumentaban los fondos reservados y los pagos recibidos de las constructoras". El fallo señala que la creación de Europe Capital, la sociedad en la que Roldán ocultaba sus bienes, fue ideada por ambos "para la tenencia y ocultación de las ilícitas cantidades obtenidas por el director de la Guardia Civil, desempeñando Esparza el cargo de administrador único de dicha sociedad".

Asimismo, hace especial mención a Jorge Prieto, absuelto por haber prescrito su delito, "quien estableció, en las diversas sucursales del Banco Bilbao Vizcaya en que trabajó, una mecánica de ocultación de los ilicitos medios de pago ya aludidos, consistente en que, una vez recibidos tales cheques por Jorge Esparza, eran intercambiados por cheques bancarios al portador que a su vez eran objeto de un continuo fraccionamiento en su importe, mezclándose en cada operación con otros, tras lo cual eran ingresados en las distintas cuentas de Luis Roldán".

En su relato de los hechos, el tribunal asegura que Roldán modificó el sistema de custodia de los fondos reservados. "En lugar de aplicarlos a los fines legalmente previstos como la prevención de la delincuencia, el mantenimiento del orden público y la lucha antiterronsta, se apropió de parte de estos fondos ordenando a miembros de su secretaría de despacho y de su escolta que los ingresaran en sus cuentas".

Estafa en Leizarán

La sentencia relata la estafa a la que sometió Roldán a los constructores Enrique Aldama, presidente de Laín, y a José Luis García Villalba, consejero de Obrascón, con los que se reunió para tratar sobre la seguridad de la autovía de Leizarán (Navarra). Ambos habían sido amenazados por ETA. "Aprovechando el temor que en el ánimo de ambos habían producido tales amenazas, y amparado en la confianza que su cargo generaba, les propuso la necesidad de que, al margen de las medidas de seguridad que proporcionaban los Cuerpos y Fuerzas del Estado, contrataran un supuesto servicio de contravigilancia que llevarían a cabo personas con las que Roldán se ofreció a entrar en contacto, acordando efectuar el pago mediante la entrega de cheques a un mensajero". Lain y Obrascón pagaron a Roldán más de 85 millones sin que se realizase la supuesta contravigilancia.Sobre la contratación pública, el fallo argumenta que el condenado adulteró el mecanismo legalmente establecido "abusando del sistema de adjudicación directa que por razones de seguridad y urgencia establecía la Ley de Contratos del Estado". Así, el fallo asegura que Roldán decidía personalmente la adjudicación de las obras y exigía comisiones ilegales a las constructoras.

Sobre Blanca Rodríguez-Porto, el fallo es taxativo: "Realizó múltiples actos mediante los cuales facilitó que Roldán disfrutara con plena seguridad de los fondos que le ayudaba a ocultar, teniendo pleno conocimiento del origen delictivo de los mismos, lo que se desprende, no solamente de la especial naturaleza de las operaciones realizadas, sino de sus propias manifestaciones". A la esposa de Roldán se le permitió entrar ayer a la sede judicial a través de un garaje debido a que está embarazada.

En el caso del general Manuel Llaneras, la sentencia señala que no se ha acreditado que conociera el pago de las comisiones ilegales y que diera cobertura formal a sus propuestas. Destaca que ninguno de los testigos de la causa le ha involucrado, que no consta que se haya beneficiado de las comisiones y que las "exhaustivas investigaciones" sobre su patrimonio no revelaron ingresos ajenos a sus actividades profesionales.

Según fuentes penitenciarias, Roldán seguirá "de momento" en la cárcel de Brieva (Ávila), en la que está en prisión preventiva desde el 28 de febrero de 1995.