El garbanzo negro de la judicatura

El 13 de febrero de 1997, el ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial Luis Pascual Estevill era conducido a prisión -provisional, comunicada y sin fianza- después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) apreciase indicios de criminalidad en su actitud como administrador de justicia.Pascual Estevill, que había sido condenado por el Tribunal Supremo por delito de prevaricación y detención ilegal, batía los récords de los delitos cometidos en España por miembros de la carrera judicial: se le enviaba a prisión como presunto autor de extorsión, cohecho, detención ilegal y otras prevaricaciones.

Entonces el TSJC inició una veloz investigación que arrojó resultados de inmediato. El juez instructor, Antoni Bruguera, consideró acreditado que intentó destruir pruebas hasta la mañana del día de su ingreso en prisión. Al mismo tiempo, el tribunal le dejó en evidencia cuando afirmó que no poseía cuentas en Suiza, mientras que las informaciones de la justicia suiza apuntaban en sentido contrario. Pascual Estevill, con un año de prisión preventiva a cuenta, trata por todos los medios de oponerse a que la justicia helvética informe a la espaflola de sus ingresos en ese país.

Las investigaciones del TSJC han permitido demostrar que en Suiza cobró 25 millones de pesetas de la empresa Idapsa-Nutrexpa por un caso que instruyó en Terrassa, su primer destino judicial. Pascual Estevill llegó a la carrera judicial por la vía del cuarto turno y tras una larga carrera como mercantilista. Ya como titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona percibió 81 millones de su extorsión a los ejecutivos de Macosa.

Significativamente, comenzó exigiéndoles 300 millones, luego rebajó esa cantidad a 150 millones y finalmente a 100, de los que supuestamente percibió 81. El TSJC persigue delitos de prevaricación en los casos Idapsa y Macosa, y de detención ilegal en este último. También ha inculpado a abogados que mediaron en sus trasiegos monetarios, como Juan Piqué Vidal.

Asimismo se ha comprobado que recibió 25 millones del empresario barcelonés Lorenzo Rosal Bertrand, que fue víctima del chantaje del juez. Se tiene constancia, por ahora, de que percibió 131 millones de pesetas por cohechos.

Por último, se le ha probado un cohecho en grado de tentativa (no satisfecho) relacionado con el caso que llevó contra el industrial catalán José Felipe Bertrán de Caralt. La familia del industrial recibió peticiones de 50 millones de pesetas para que éste pudiese recobrar la libertad.