Dos jefes policiales de Chiapas van a la cárcel por la matanza de Acteal

Dos jefes policiales de Chiapas ingresaron ayer en prisión acusados de complicidad con la brutal matanza de 45 indígenas, perpetrada el 22 de diciembre en el poblado de Acteal. El número de detenidos se eleva a 53, y continúan la investigación. Roberto García Rivas y Roberto Martín Méndez González fueron encarcelados con cargos de haber facilitado las armas empleadas en el masivo asesinato.

También se les acusa de no impedir la ejecución pese a escuchar disparos y conocer el momento y lugar en que los campesinos eran acribillados a tiros, o derribados a golpe de estaca o machete.La crisis de Chiapas continúa estancada al registrarse discrepancias de fondo en torno a los acuerdos de San Andrés sobre derechos indígenas, suscritos por el Gobiemo y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996. El presidente, Ernesto Zedillo, insiste en que no utilizará la fuerza y acusó a quienes pretender satisfacer- "su perverso propósito de alimentar el conflicto, la división". "Nuestras Fuerzas Armadas no caerán en las provocaciones de quienes quisieran ver a nuestro Ejército reprimir brutalmente a nuestros hermanos indígenas", advirtió en una ceremonia por el 85º aniversario de la institución castrense.

En sus conclusiones sobre la matanza de indígenas, la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) imputa a los dos responsables de la seguridad pública de aquel Estado los delitos de complicidad con asesinato y lesiones, y la protección dispensada de las acciones de un grupo de civiles armados, a quienes se identificó como simpatizantes del oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desde el pasado 21 de enero, los dos oficiales inculpados esperaban una decisión sobre su suerte confinados en una habitación de un hotel de San Cristóbal de las Casas.

Las averiguaciones previas al encarcelamiento de los mandos policiales recluidos en la prisión de Cerro Hueco parecen demostrar su reiterada participación en la venta de armas del Ejército a civiles de varias localidades de Chenalhó, municipio donde se cometió la carnicería de Navidad. Pese a las evidencias en su contra, se declararon inocentes, "chivos expiatorios" de la procuraduría, a la que acusan de no haber sabido encontrar a los verdaderos responsables bien por negligencia o incapacidad. Invocando irregularidades jurídicas, García Rivas y Méndez González reclaman ahora la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

"Sólo exigimos que se proceda conforme a la ley y no se prefabriquen culpables. Somos ajenos a la masacre y por el contrario proporcionamos ayuda a los heridos", afirmó el primero poco antes de cruzar la puerta de la prisión.

De acuerdo con su versión, el gobernador de Chiapas en esas fechas, Julio César Ruiz Ferro, destituido poco después, y su secretario de Gobernación (ministro de Interior) pudieron haber evitado la degollina impartiendo órdenes de intervención a los cuerpos de seguridad cuando recibieron datos sobre la inminencia del ataque. Rivas se exculpó con un argumento surrealista: "Nunca recibimos llamada alguna de realizar operativo ni de informar sobre qué pasaba en el área, pues en nuestro destacamento en la comunidad de Majomut no existe línea telefónica".

Los datos de la procuraduría, más fiables, apuntan hacia la participación de los dos funcionarios en un delito que devolvió el conflicto de Chiapas al escenario internacional: "Los inculpados reportaron a sus superiores que no había novedades cuando fueron requeridos para que verificaran la situación de Acteal y otras comunidades, no obstante que reconocieron haber escuchado disparos". Durante el ataque a la comunidad indígena, que rezaba agrupada en el recinto exterior de una Iglesia, los detenidos se encontraban en las orillas de una carretera próxima, acompañados por otros 40 policías, sin amago de entrar en acción.