El Congreso aprueba por unanimidad la supresión de las penas de cárcel para los insumisos

El pleno del Congreso aprobó ayer por unanimidad la supresión de las penas de cárcel para los insumisos. Aunque los votos se repartieron entre las cuatro proposiciones presentadas (una del PSOE, otra del PP, CiU y Coalición Canaria, la tercera de Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya y la última del Bloque Nacionalista Galego), todas tenían un elemento, en común: la negativa a cumplir la mili o la prestación sustitutoria no debe castigarse con prisión. Prosperó la iniciativa del Gobierno y sus socios, que tuvo 165 votos a favor, 135 en contra y 23 abstenciones.

La proposición no de ley que ahora inicia su tramitación parlamentaria castiga a los insumisos con penas de cuatro a seis años de inhabilitación para acceder a empleos o cargos públicos y para obtener becas o ayudas de la Administración. El Código Penal vigente sanciona la insumisión con hasta dos años de cárcel y 14 de inhabilitación.La iniciativa admitida ayer a trámite tardará aún tres o cuatro meses en entrar en vigor. El problema que se plantea ahora es qué ocurrirá mientras tanto con los insumisos presos. Según instituciones penitenciarias, actualmente hay en las cárceles 76 jóvenes por negarse a ir a la mili, la mayoría en régimen abierto, por lo que sólo duermen en prisión.

Fuentes del Movimiento de Objeción de Conciencia elevan la cifra de objetores presos a un centenar y advierten que la reforma prevista no resuelve el problema de los tres presos en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid) por declararse insumisos después de incorporarse a filas y acusados de deserción.

El diputado de CiU Carles Campuzano pidió un trámite rápido de la ley y recordó que el que haya insumisos encarcelados ha hecho que Amnistía Internacional incluya a España entre los países con presos de conciencia.

En igual sentido, Pedro Moya, del PSOE, instó al Gobierno a que "con carácter urgente busque la fórmula jurídica más adecuada para que se proceda a la excarcelación inmediata de los insumisos, sin esperar a que la ley entre en vigor". Por contra, José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, dijo que es prematuro plantearse este problema y advirtió que la Constitución prohíbe la amnistía y que los indultos sólo pueden concederse a instancia de parte.

Moya atribuyó a un error la inclusión en su proposición de ley de un nuevo delito consistente en alegar "falsamente" motivos de conciencia para librarse de la mili. Aseguró que la intención del Gobierno y de sus aliados parlamentarios no es ampliar el delito de insumisión ni criminalizar la objeción de conveniencia, por lo que prometió corregir este punto mediante la correspondiente enmienda.

Bermúdez de Castro rechazó el texto del PSOE, que proponía castigar la insumisión con sanciones administrativas y eliminarla del Código Penal, alegando que esta fórmula es menos garantista y que, al permitir el recorte de derechos fundamentales sin intervención judicial, resulta de dudosa legalidad.

El socialista Moya reveló que su grupo había propuesto al PP el apoyo mutuo a sus respectivas proposiciones, pero éste lo rechazó. Esta negativa, advirtió, dificultará aún más un acuerdo con el Gobierno sobre el futuro modelo de Ejército profesional.

Pablo Castellano, de IU, reprochó al Gobierno haber perdido dos meses al rechazar la propuesta de despenalización de la insumisión que presentó su grupo en diciembre pasado. "¿Quién les va a devolver un solo minuto de libertad a los que están en la cárcel", se preguntó.