Las familias "legales" de Cañada Real tendrán casa la semana próxima

La nauseabunda existencia a un paso del vertedero de Valdemingómez terminará la próxima semana para 11 de las 60 familias que desde 1994 viven en el poblado chabolista de Cañada Real. El alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP, se comprometió ayer a realojar en una vivienda "de la EMV o del Ivima" a estas 11 familas "que están censadas". El resto de los chabolistas tendrá que esperar un nuevo censo o resignarse a vivir ahí. El Defensor del Menor, Javier Urra, visitó ayer el poblado.

El asentamiento chabolista de Cañada Real se formó en el verano de 1994, cuando el Ayuntamiento obligó a 21 familias a abandonar el camino de los Toros, en San Blas. Desde entonces, el número de familias ha aumentado a 60. El alcalde explicó ayer por qué se da sólo vivienda a 11. "Los técnicos municipales han descubierto que a 8 de las 21 familias originales se les dio piso pero luego lo vendieron y volvieron a Cañada Real, otras dos se fueron". Del resto, es decir, de las que no fueron desalojadas del camino de los Toros, el Ayuntamiento no se siente responsable.El Defensor del Menor, Javier Urra, visitó ayer el poblado. A la salida, calificó las condiciones de vida de los que viven en Cañada Real de "intolerables"

Igual calificativo empleó el experto Dominique Rosenberg, enviado por el Consejo de Europa, tras las denuncias de Presencia Gitana, a investigar Cañada Real. Rosenberg redactó más tarde un duro informe, hecho público esta semana, en el que critica la labor del Ayuntamiento y en el que apunta, entre otras cosas, que los padres de Cañada Real "hacen guardia para que a los niños no les muerdan las ratas".

En el informe, Rosenberg pedía que se realojara a todas las familias, estuvieran censadas o no. Para ello recomendaba al Ayuntamiento que pidiera ayudas al Fondo Social Europeo. También el Defensor del Pueblo ha entrado en la polémica. El jueves pidió que se abordara 11 con toda urgencia" el problema de Cañada Real.

El alcalde, a la hora de comentar el informe del experto europeo, dijo:, "Cañada Real no es una cárcel; que se vaya el que quiera". Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad, afirmó ayer que las manifestaciones del regidor "se han malinterpretado".