El fiscal afirma que Conde cometió apropiación y falsedad, pero sólo pide pena por gestión desleal

El abogado Antonio García-Pablos solicitó ayer en nombre de Mario Conde la anulación de la sentencia del caso Argentia Trust, que condenó al ex banquero a seis años de prisión por un delito de apropiación indebida en concurso ideal con falsedad en documento mercantil. En la vista del recurso de casación contra la sentencia, García-Pablos pidió al Tribunal Supremo que se devuelvan las actuaciones a la Audiencia Nacional para practicar más diligencias. En su defecto, pidió para su cliente una condena por administración desleal, con una pena máxima de cuatro años de prisión o multa. El fiscal Manuel Villanueva confirmó los delitos de apropiación y falsedad, pero pidió la pena más benigna por administración desleal.

Algunos minutos antes de las 10.30, Mario Conde, su esposa Lourdes Arroyo y sus dos hijos, acompañados por amigos y abogados personados en el caso Banesto, esperaban en el vestíbulo de la planta segunda del Tribunal Supremo. Conde, en compañía de su amigo César de la Mora, cruzó varias veces la sala de espera.

A la hora señalada, los cinco magistrados se colocaron en sus posiciones: José Jiménez Villarejo, presidente y ponente; Luis Román Puerta; Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo y Joaquín Martín Canivell. Frente a frente, el abogado recurrente, Antonio García-Pablos, y el fiscal, Manuel Villanueva.

A lo largo de tres horas y veinte minutos, García-Pablos denunció una sentencia que, según dijo, condenó a Conde "por la cara", y en la que "no hubo prueba de cargo". El letrado dijo que se le había condenado "por no ser creído y porque tampoco fueron creídos otros testigos", refiriéndose a Antonio Navalón y Diego Selva, ex asesores de Conde, quienes, según dijo varias veces García-Pablos, "coincidieron en lo esencial" con Mario Conde. El letrado, quizá por exigencias de su cliente, subrayó que había sido condenado "por ventura". El magistrado ponente del caso Argentia Trust en el tribunal de la Audiencia Nacional se llama Ventura Pérez Mariño.

Conocer las razones

García-Pablos empezó en tono ponderado, pero tras veinte minutos comenzó a repetir de manera machacona los mismos argumentos: la inversión de la carga de la prueba, la condena sin material probatorio y, sobre todo, la necesidad de enviar una nueva comisión rogatoria a Suiza para conocer la verdad del pago de los 600 millones de pesetas por el que Conde fue sentenciado a seis años de cárcel.

"No se trata sólo de conocer el destino del dinero sino la causa, las verdaderas razones por las cuales se realizó el pago", explicó. Y agregó que había "dos posiciones enfrentadas". La de aquellos que "insisten en la verdadera causa del pago y la de quienes desde un principio quieren impedirlo". García-Pablos insistió varias veces en que la "verdadera causa" del pago está en Suiza al justificar la reapertura del caso, "sin esperar a un recurso de revisión".

Reconoció que su cliente nunca había propuesto durante la instrucción de la causa dicha comisión rogatoria, pero agregó que no le correspondía a él hacer lo sino a los acusadores, en virtud del principio de presunción de inocencia.

El letrado admitió también que en el delito de apropiación in debida no era necesario demostrar el apoderamiento. En este caso del dinero. Pero, advirtió que la sentencia "ha condenado a Conde por dar una versión insatisfactoria del pago".

En una de los principales puntos, el cuarto, García-Pablos explicó que el delito de apropiación indebida es de naturaleza completamente diferente al de administración desleal, pero que al producirse el delito imputado en el seno de la sociedad Banesto se podría admitir la existencia del delito de administración desleal o fraudulenta. Acto seguido, dijo que ese delito no estaba en el Código Penal cuando se produjo la operación Argentia Trust (1990). Por tanto, no se podía castigar a Conde por ello, quedando así impune.

Sin embargo, en el último punto —la gran esperanza de Con de—, el sexto, García-Pablos tuvo que dar la vuelta completa al punto cuarto. Hay un sector de la jurisprudencia, dijo, según el cual la apropiación indebida está contenida en el delito de administración desleal. Pidió, por tanto, la aplicación de ese delito por ser más "específico" y benigno. Son hasta cuatro años de cárcel o multa, por seis para la apropiación indebida. García-Pablos subrayó que el fiscal Villanueva apoyaba esta propuesta. Y aseguró que a Conde se le condena "por todos los males de este país, incluyendo las catástrofes naturales".

El fiscal Villanueva habló 45 minutos. Explicó que la apropiación indebida y la falsedad están más que probadas, y subrayó; "Ahora presentan la comisión rogatoria como el no va más. Ahora resulta que la causa del pago de los 600 millones hay que buscarla en Suiza y no en Castellana 7, sede del banco".

Villanueva señaló que "Conde se dio a una alabanza presuntuosa y renunció a toda defensa". A pesar de confirmar la falsedad y la apropiación, consideró más benigno para Conde el delito de administración desleal. "Leí a varios autores. Y vi que el catedrático García-Pablos, aquí presente, había llegado a la misma conclusión que yo". A las tres menos cuarto en punto, habló Jiménez Villarejo: "Visto para sentencia".