Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Reforma imprecisa

NADA DEBE ser tan difícil en España como reformar la Administración pública. Todos los partidos prometen diseñar una maquinaria del Estado más sencilla, más reducida y más eficaz, sin que hasta la fecha tales objetivos se hayan conseguido, ni siquiera de forma aproximada. Si durante los Gobiernos socialistas no se pudo impedir un crecimiento continuado de los cargos públicos y el intento de racionalizar los salarios fue un fracaso silenciado, las ínfulas electorales del PP -recortar 7.000 altos cargos- tropezaron con la dura realidad: después de una eliminación apresurada de direcciones generales, cuyo resultado más evidente fue elevar en más de 500 el número de puestos directivos, el Gobierno actual ha guardado un prudente silencio sobre el cambio necesario en la función pública, quizá para no atizar la irritación producida por la congelación salarial de los funcionarios en 1996.De ahí que tenga particular relevancia el acuerdo de principio que acaban de firmar el Gobierno, los sindicatos y las comunidades autónomas sobre un nuevo Estatuto de la Función Pública. Como cualquier acuerdo entre agentes de intereses tan dispares, en su mayor parte se trata de una declaración de intenciones que necesita su desarrollo para ser analizado en profundidad. A pesar de este exceso de generalización, aporta algunas novedades interesantes a la carrera funcionarial. Para evitar que los ascensos queden limitados por la escasez de puestos directivos, el nuevo estatuto desvincula la carrera directiva -que se traduce hoy en 30 niveles retributivos- de la retribución por méritos, que quedará escalonada en ocho categorías. La solución es buena y evita la frustración de muchos buenos funcionarios y técnicos cualificados bloqueados en niveles salariales bajos; pero, como contrapartida, tiene el peligro de ser una vía de escape para justificar más cargos y elevaciones del coste del personal.

También son un acierto la propuesta de la movilidad de los funcionarios en el ámbito local -y fuera de él, si se pacta- y el establecimiento de incentivos monetarios que premien la eficacia laboral de los funcionarios. A cambio, el texto plantea problemas serios de transparencia -solamente se harán públicas las retribuciones básicas de los funcionarios- y de proliferación de cargos de libre designación, puesto que no se limita el nombramiento de eventuales. No es éste el método adecuado si lo que se pretende es el control del gasto administrativo en los capítulos de personal y gastos corrientes. Tampoco se advierte un sistema más eficaz que el actual para controlar las incompatibilidades.

Hay otros problemas sobre los que los firmantes del acuerdo pasan silenciosamente. Nada de dice de la movilidad funcional (cambio de puesto) de los cargos administrativos ni se plantea si tal garantía debe extenderse o no, por ejemplo, a los directores generales, para garantizar la imparcialidad de los servidores públicos. Parece apostarse por una Administración más condicionada por cargos eventuales y funcionarios de libre designación. Es posible interpretar razonablemente que los sindicatos han aceptado esta parte del modelo administrativo a cambio del reconocimiento explícito de que los acuerdos entre la Administración y las centrales son de obligado cumplimiento, algo que es muy importante para la negociación colectiva de los funcionarios. Tampoco se detecta preocupación aparente por el principal problema de la Administración española: su incapacidad para atender de forma rápida y eficaz las reclamaciones de los ciudadanos. Éste, que debía ser el principal motivo de debate, queda en el más espeso de los olvidos.

Las iniciativas para mejorar el funcionamiento burocrático en España -la Administración como servicio público, en el sentido más noble del concepto- deben ser bien acogidas, aunque la mayor parte de ellas permanezcan todavía en la inconcreción. Quizá la cortedad de perspectiva sea el precio que hay que pagar por el acuerdo, que es un avance importante en sí mismo. Cuando se aplique con todas sus consecuencias, será el momento de examinar sus efectos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de febrero de 1998