La Comunidad impondrá por ley la convocatoria de mociones de censura

La futura ley regional de Administración local estrechará el cerco contra los alcaldes que se niegan a convocar las mociones de censura. Son "alcaldes-lapa" según la definición acuñada por el socialista Jaime Lissavetzky. El nuevo texto legal, que el Gobierno regional pretende aprobar en primavera, dota a la Comunidad de competencias para imponer la legalidad en estos municipios o, en caso de desobediencia, acudir a los tribunales.

El artículo 133.2 del anteproyecto de ley de Administración local reza así: "Cuando la Comunidad de Madrid estime que un acto o acuerdo de una entidad local infringe el ordenamiento jurídico, dentro del marco de competencias autonómicas, podrá requerir a ésta a fin de que proceda a su anulación dentro del plazo de 15 días a partir de la recepción de la comunicación".Si el texto es aprobado por la Asamblea de Madrid, el Gobierno regional podrá imponer a los alcaldes-lapa la celebración de las mociones de censura en un plazo de 15 días. Si los regidores siguen aferrándose a su cargo y se niegan a convocar las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo autónomo aplicará el artículo 133.3 "En caso de no ser atendido dicho requerimiento, la Comunidad de Madrid podrá impugnar jurisdiccionalmente los citados actos y acuerdos locales".

Alejandro Sanz, director general de Administración Local, explica que la norma regional reitera las medidas ya previstas en la Ley de Bases de Régimen Local contra aquellos alcaldes que se niegan a convocar mociones de censura. "Con una ley específica de la Comunidad de Madrid tendremos más fuerza para actuar", añade. "No se trata de enmendar permanentemente la plana a los ayuntamientos. Sólo actuaremos cuando se incumpla la ley de forma evidente. Y está claro que los regidores que no convocan las mociones de censura incumplen la ley de forma manifiesta y violenta".

La futura norma incluye una de las reivindicaciones más reiteradas por los alcaldes en los últimos tiempos: dinero para financiar sus gastos corrientes. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid se limitaba a subvencionar a los municipios con miles de millones a través de planes de inversiones.

Con el nuevo texto legal se admite la financiación autonómica a los ayuntamientos para que éstos paguen los gastos de mantenimiento de sus equipamientos públicos. "Lo hemos hecho por la propia elocuencia de los sucesos", según explicó Sanz. Ejemplo: un municipio de la sierra usaba el polideportivo como almacén porque no tenía dinero para mantenerlo.

"Fricciones"

Por otra parte, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, reconoció ayer que su equipo tiene "problemas de competencias" y "fricciones" con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. "Estamos en una carrera en la que las autonomías quieren tener absolutamente todo, cuando lo que tienen que hacer es descentralizar más", declaró ayer a Antena 3.