Las autonomías logran el respeto a su singularidad, y los sindicatos, el reconomiento de la negociacion colectiva

El Gobierno ha conseguido el apoyo de las comunidades autónomas y los sindicatos al nuevo Estatuto de la Función Pública por la vía de la flexibilización de sus posiciones. Las comunidades han visto reconocida su singularidad. "El sistema que se propone es homogéneo, pero no uniforme", señalan fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP). La creación de la Conferencia Sectorial de la Administración Pública, que instaura el nuevo Estatuto, garantiza la coordinación entre las comunidades autónomas. Pero cada una de ellas dispondrá de su propia reglamentación, con lo que no habrá, por ejemplo, igualdad de salarios entre funcionarios de las mismas categorías en las distintas administraciones.

Los sindicatos han conseguido, por su parte, un reconocimiento más claro, de la negociación colectiva. Esta está reconocida formalmente en la Administración desde 1987, en tiempos del Gobierno socialista, pero sometida a numerosas trabas formales que impedían su materialización, según el MAP.

Algunas de las trabas se han levantado. Antes la negociación colectiva no tenía eficacia directa porque su cumplimiento no era obligatorio y necesitaba pasar por sucesivas pruebas: el Consejo de Ministros y sucesivos trámites reglamentarios. "Generalmente, los acuerdos quedaban paralizados en ese proceso", señalan fuentes del MAP.

Según el Estatuto de la Función Pública, los acuerdos entre Administración y sindicatos obligan a aquélla a cumplirlos. Las excepciones proceden de aquellos acuerdos que dependen del Parlamento y no del Consejo de Ministros. La otra limitación procede del campo de las competencias. Las cuestiones que afectan a la gestión son de obligado cumplimiento y las referentes al modelo tienen reserva de ley. El Estatuto también plantea la fórmula del arbitraje para solucionar los conflictos, algunos de los cuales llevan hasta cuatro o cinco años atascados.