Marruecos permite por primera vez la repatriación de 14 españoles condenados
Dejan atrás un infierno de ratas y chinches, de suelo para dormir y lentejas de desayuno. Una española detenida en Marruecos por tráfico de drogas cumple ya su condena en la cárcel de Málaga, dos más serán trasladados en los próximos días y otros 11, antes de final de mes. Marruecos está permitiendo por primera vez -en virtud de un convenio firmado con España en mayo de 1997- que los españoles detenidos, condenados y encarcelados en su territorio sean trasladados a España para terminar de cumplir sus penas.
Eso sí, los presos deberan pagar religiosamente las multas o indemnizaciones que deban a la justicia marroquí. Según la letra del convenio, no podrán beneficiarse los que estén a la espera de juicio ni los que aún no tengan una condena firme -por haberla recurrido-. Además, en el momento de la solicitud de traslado, el condenado deberá tener pendiente al menos un año de pena por cumplir. Así lo firmaron en Madrid -el 30 de mayo de 1997- la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y su homólogo marroquí, Abderrahmane Amalou.La fría letra de los convenios ya tiene una historia detrás de carne y hueso, nombre y dos apellidos: María Monsalud Ruiz Toledo. Es la primera reclusa beneficiada por el convenio y salió de Marruecos el pasado día 27 de enero, escoltada por la policía española, que se hizo cargo de ella en la zona internacional del aeropuerto de Casablanca.
María Monsalud tiene 37 años, es natural de Málaga, está casada y tiene tres hijos. Aunque sólo le quedaban dos meses para salir de prisión, se le ha aplicado el convenio por razones humanitarias, ya que padece una grave enfermedad. Fue detenida en marzo de 1996 en la frontera de Ceuta con 18 kilos de hachís. Los tribunales marroquíes la condenaron a dos años de cárcel y fue internada en la prisión de Tetuán. Luego la trasladaron, junto a otros presos españoles, a la cárcel de Casablanca. Ya está en la prisión de Málaga.
Detrás de María Monsalud vendrán otros. De hecho, el consejo de ministros del pasado viernes aprobó otras dos repariaciones a propuesta del Ministerio de Justicia. Cada "expediente de traslado de personas condenadas" debe contar -además del visto bueno de justicia- con un informe favorable de Interpol y del Ministerio del Interior. Todo debe ser tramitado, además, por el Ministerio de Asuntos Exteriores a través del embajador de España en Marruecos o del cónsul competente. Finalmente, el cumplimiento efectivo del convenio depende, lógicamente, del Gobierno marroquí.
Justicia ha informado a este periódico que 105 de los 162 presos españoles en Marruecos -la inmensa mayoría por tráfico de droga- ya han solicitado el traslado a cárceles españoles, pero no todos podrán beneficiarse del convenio. Trece casos han sido rechazados porque las penas son inferiores a un año, otros 55 deben pagar aún indemnizaciones o multas; y nueve están a la espera de que los tribunales marroquíes resuelvan las apelaciones presentadas.
Algunos de los presos se encuentran además en precario estado de salud, por lo que España -además de la cuestión legal- aduce razones humanitarias para que Marruecos apruebe los traslados. Es necesario tener en cuenta, además, una cuestión fundamental. Ni España ni Marruecos podrán acordar ningún traslado si el condenado o su representante legal -en caso de menores de edad o impedidos físicos o psíquicos- no están de acuerdo.
La situación actual -unos 160 presos en Marruecos- no es, ni mucho menos, la peor de los últimos años. En 1996, una gran operación contra el tráfico de drogas impulsada por Hassan II -en un intento de lavar la imagen de Estado permisivo- llevó a más de 250 españoles a dar con sus huesos en la prisión de Tánger. Un buen lugar para las ratas y las chinches.
