La Inspección Fiscal archiva la denuncia de Gordillo sobre alumnos en prácticas

El jefe de la Inspección Fiscal, Juan José Martínez Zato, ha archivado las diligencias abiertas para comprobar si era habitual la presencia de estudiantes en todas las fiscalías, tal como denunciaron los fiscales de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y Pedro Rubira tras ser sancionados por haber permitido a sus alumnos calificar causas penales de terorismo. Martínez Zato expone que esos hechos no han sucedido "en ninguna otra fiscalía de España" ni los han realizado otros fiscales de la Audiencia Nacional.

La investigación fue abierta después de que Gordillo y Rubira, tras ser sancionados con un mes de suspensión de empleo y sueldo el primero y 50.000 pesetas el segundo por utilizar alumnos en prácticas, manifestaran que se había cometido una injusticia con ellos, ya que la presencia de alumnos era habitual en numerosos juzgados y fiscalías de toda España.A requerimiento de la Inspección, los fiscales aportaron la misma documentación que utilizaron para su defensa en los expedientes disciplinarios a que fueron sometidos por esas prácticas, y en los que no aportaban nada nuevo que revelase que esos mismos hechos se practicaban en otras ficalías.

Según fuentes de la fiscalía, en el decreto de archivo se explica que los "alumnos en prácticas" son en realidad "fiscales en prácticas" que han seguido un curso en el Centro de Estudios de la Administración de Justicia. Esas prácticas las realizan fiscales que han aprobado las oposiciones de ingreso -una vez superado el curso forman ya parte de la carrera fiscal- bajo la dirección de fiscales jefes y tutorías que se acuerdan al efecto.

En cambio, las prácticas irregulares que se detectaron en la Audiencia Nacional -por las que fueron sancionados Gordillo y Rubira- se refieren a la utilización de personas totalmente ajenas al ministerio fiscal que desempeñaron funciones que sólo corresponden a los fiscales.

Según las fuentes consultadas, decir que esa "viciosa práctica" se produce en otras fiscalías "debe entenderse en términos de defensa, pero no es ajustada a la realidad", según el decreto de archivo.

Respecto a unas declaraciones del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, en las que ratificaba que es habitual que los alumnos hagan un acta de acusación fiscal básica en los procesos, que luego los fiscales corrigen y lo toman como base para presentar el suyo, la Inspección concluye que son manifestaciones realizadas "en defensa de quienes han compartido durante muchos años el duro y difícil trabajo de la Audiencia Nacional".

Según las citadas fuentes, Martínez Zato da cuenta de que el pasado día 28 el fiscal de la Audiencia Nacional Javier Balaguer declaró ante la Inspección que jamás había solicitado la colaboración de alumnos para realizar escritos de acusación, proyectos de informes o estudios sobre sumarios.

A su vez, el mismo día 28 el fiscal jefe de Barcelona, José María Mena, dirigió un escrito a la Inspección en el que señala que las prácticas de alumnos de centros universitarios que hacen dictámenes y calificaciones en asuntos ordinarios de la competencia oficial de la Fiscalía son "rigurosamente inaceptables" y que en Barcelona nunca se ha producido "semejante anomalía".

Sorpresa y malestar

Igualmente, el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández-Bermejo, expresó a la Inspección la "sorpresa y malestar" que las manifestaciones de Fungairiño causaron en su fiscalía y ratificó que los fiscales de la Audiencia de Madrid realizan personalmente sus funciones y "sin incurrir en las irresponsables delegaciones en que otros parecen haber incurrido".Martínez Zato termina exponiendo que desde la Inspección fiscal se valora debidamente la función que desarrollan todos los fiscales de España en estricto cumplimiento de sus obligaciones. "Por supuesto se incluye, como no podía ser menos, a los fiscales de la Audiencia Nacional, aunque sea obligación de la Inspección denunciar las irregularidades que se detecten al fiscal general del Estado", añade.